El PSOE y sus socios de gobierno han llegado a un acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la mal llamada por la izquierda Ley Mordaza.
Desde su aprobación, esta Ley fue objeto de un continuo ataque por parte de la izquierda y de los nacionalistas, cosa coherente con su hegemonía en la violencia callejera y en las agresiones a la policía.
Más difícil de entender es el entusiasmo del PSOE en secundar este guion antisistema de los extremistas con los que se ha asociado. Porque la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado para garantizar el ejercicio pacífico de los derechos y las libertades establecidas en nuestra vigente Constitución del año 1978.
El texto de la Ley de 2015 recogió todas las exigencias del Tribunal Constitucional, el cual avaló en lo fundamental esta Ley en noviembre del pasado 2020.
Por tanto la reforma pactada por socialistas y comunistas no responde a una necesidad constitucional, sino a su fobia contra las leyes del Partido Popular, más aún si han dado buen resultado.
Provoca un enorme repelús
Para la izquierda comunista y el separatismo, la propia idea de seguridad ciudadana provoca un enorme repelús. Su concepto de acción política se entiende mejor con un contenedor en llamas o un cóctel molotov, que con el respeto a las instituciones de la democracia parlamentaria.
Por eso sus dirigentes ven siempre en la mera aplicación de la Ley una conspiración de jueces y policías, que lo único que hacen es limitarse a cumplir con sus funciones, cuando investigan, denuncian y juzgan a quienes vulneran aquellas leyes que los españoles, libremente, nos hemos dotado.
Y claro, si los partidos políticos que tienen tendencia a incumplir las leyes, elaboran una Ley de Seguridad Ciudadana, lo que hacen es podemizar la Ley hasta convertirla en vez de en una Ley de Seguridad, en una Ley de Impunidad Ciudadana.
Ha pasado lo más normal: los cuerpos fuerzas de seguridad se han puesto las manos en la cabeza y se preguntan que quién es el lumbreras al que se le han ocurrido estas barbaridades. La más surrealista y una forma de reírse de la policía es convertir a los agentes en una especie de chóferes de los detenidos por negarse a ser identificados durante una protesta. La policía no podrá tener al retenido, más de dos horas en comisaría, después de las cuales deberá retornarlo al mismo lugar donde lo detuvo: en medio de las barricadas en llamas, por ejemplo. Un auténtico esperpento.
Limitar la presunción de veracidad de los agentes
Pero sin duda lo más grave es el intento de PSOE y Podemos de limitar la presunción de veracidad de los agentes, por la cual un atestado policial tiene prevalencia sobre la palabra del detenido cuando no hay otras pruebas en contrario.
Si no les dejas grabar imágenes que serían la prueba de lo que ha pasado y al mismo tiempo les quitas la presunción de veracidad, el desamparo es total.
Desde el Partido Popular hemos pedido en todas las instituciones que se mantenga la dignidad, intimidad y principio de autoridad, que son propias de unas fuerzas y cuerpos de seguridad de un Estado democrático como es España. Deben tener los instrumentos y el amparo legal para poder defender nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestros derechos democráticos.
Porque este intento de podemizar la Ley de Seguridad, no es para defender a los que se manifiestan de forma pacífica, que nunca han tenido ningún problema con la Ley, ni para garantizar la seguridad de todos, incluidos los que velan por nuestra propia seguridad.
Esta modificación de la Ley es para dar impunidad, para proteger a radicales y matones, como los que revientan mítines en el barrio madrileño de Vallecas o incendian las calles de Barcelona.
Diputado provincial del Partido Popular
