Avanzar en la lucha contra la violencia machista, la discriminación laboral o el desigual reparto de los cuidados

No hay tiempo que perder para legislar contra la violencia digital, prevenir las agresiones sexuales entre menores, renovar el Pacto contra la Violencia de Género o reducir la brecha salarial y la precariedad laboral de las mujeres. La igualdad y el feminismo son, sin duda, una de las cuestiones más sensibles en estas elecciones generales: el gobierno resultante de los comicios del 23J la abordará de forma muy diferente en función de si está integrado por formaciones de izquierdas o de derechas y/o ultraderecha.

Gane quien gane, España necesita seguir avanzando en la lucha contra las violencias machistas, la discriminación laboral, los delitos de odio y el desigual reparto de los cuidados.

En un contexto de creciente negacionismo y banalización de las violencias contra las mujeres y de reacción contra el feminismo, será crucial en la próxima legislatura impulsar la educación sexoafectiva de la infancia y la adolescencia para frenar las agresiones machistas y lgtbifóbicas cada vez más tempranas, la ley contra la trata, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la implementación de medidas que dinamiten la discriminación laboral de las mujeres en el mercado laboral: desde la brecha retributiva a la calidad del empleo o su acceso a los puestos de más alta responsabilidad.

El grave problema de la violencia

Una de cada tres mujeres mayores de 16 años ha sido maltratada por una pareja o expareja en algún momento de su vida en España. Son ya 1.212 las víctimas mortales de la violencia de género desde 2003.

La violencia machista ha sido un consenso político y social en este país, evidenciado tanto en la ley como en el Pacto de Estado, pero la llegada de la extrema derecha a las instituciones con un mensaje que niega un maltrato específico contra las mujeres ha dinamitado la unanimidad.

La cifra anual de asesinatos ha descendido y cada vez son más las mujeres que denuncian los hechos y que piden ayuda asistencial para salir del círculo de la violencia. Sin embargo, la magnitud de este problema, que se extiende a hijos e hijas de las mujeres maltratadas, requiere no sólo nuevas normas (que combatan la violencia digital, la económica o la política, por ejemplo), también una dotación presupuestaria que facilite la prevención, la persecución del delito y la atención, recuperación y reparación de las víctimas.

¿Logrará la extrema derecha que las más altas instituciones del Estado dejen de rendir homenaje y celebrar minutos de silencio en recuerdo de las víctimas mortales de la violencia machista, como ya ha conseguido en algunos ayuntamientos?

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Quedó pendiente en la pasada legislatura la renovación del dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hoja de ruta para todas las instituciones. Y en él se debe articular una respuesta eficaz para llegar a las víctimas más vulnerables, incluidas ancianas, migrantes y jóvenes.

Para atajar de raíz las violencias que padecen las mujeres hay que ofrecer una educación afectivosexual a la infancia y la adolescencia. El aumento de agresiones sexuales y maltrato de pareja entre adolescentes (en el que impacta el acceso temprano y sin límite a la pornografía) nos recuerda la urgencia de esta medida.

Esa educación en diversidad contribuiría asimismo a la prevención de los discursos y los delitos de odio, que aumentan cada año y con especial virulencia contra el colectivo LGTBI.

También se tiene que retomar la elaboración de una ley integral contra la trata que dedique especial atención a las víctimas de explotación sexual, demanda histórica del feminismo y, en teoría, consenso de la mayoría de fuerzas con representación parlamentaria. ¿Se optará por legislar sobre la prostitución o este asunto volverá a quedar en el cajón? Es una incógnita.

España va tarde, tampoco hay un minuto que perder en la investigación y el abordaje de la salud -especialmente de la salud mental- con perspectiva de género que permita a ciudadanos, pero sobre todo a ciudadanas, a vivir vidas más saludables.

Empleo y corresponsabilidad

La desigualdad en el empleo limita la vida y la independencia de las mujeres y ha de ser otra prioridad. La maternidad sigue teniendo un fuerte impacto en la carrera laboral de la mitad de la población, que agrupa el mayor número de contratos temporales y a tiempo parcial, tiene menos posibilidades de promoción y sufre brecha salarial. La precariedad y la pobreza tienen en España nombre de mujer.

Introducir medidas para que el mercado sea menos discriminatorios será un reto del futuro Gobierno, al igual que dar una respuesta a los cuidados. Las mujeres son mayoritariamente responsables de menores, mayores y personas con discapacidad. Sólo la corresponsabilidad de los hombres y del Estado puede paliar esta limitación que incide en el empleo femenino.

Sin la implicación de los hombres ni el reparto de los cuidados va a ser más equitativo ni se van a erradicar las violencias machistas. Por eso, se hacen necesarias políticas que trabajen las masculinidades y ofrezcan a los varones alternativas vitales alejadas de modelos rígidos y patriarcales de estar en el mundo.

Despliegue de leyes en vigor

Tarea del próximo Gobierno será además el despliegue de leyes en vigor que requieren desarrollo, como la puesta en marcha de los centros de crisis 24 horas para la violencia sexual o la especialización de los juzgados de violencia machista para asumir los delitos sexuales, recogidos en la ley del sólo sí es sí, o garantizar que las mujeres que van a abortar puedan hacerlo en la sanidad pública y cerca de su casa.

En función de quién gane, la ley trans y LGTBI correrá distinta suerte, al igual que la existencia del Ministerio de Igualdad o la opción de las menores de 16 y 17 años para interrumpir su embarazo sin más requisitos que su propia voluntad.

La igualdad ha sido un asunto nuclear en esta legislatura que ahora acaba, por avances, pero también por errores, diferencias partidistas y polémicas. Parece innegable que también lo será en la próxima, aunque aún desconocemos en qué términos.