El Gobierno da una mala noticia a los funcionarios: así los evaluará a partir de ahora

La situación de los funcionarios en España está experimentando un cambio trascendental, marcado por la aprobación de reformas significativas que redefinirán el rol y la dinámica laboral de los trabajadores públicos en el país. El reciente Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno, en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tiene como objetivo fundamental modernizar y fortalecer el funcionamiento de la Administración, implementando una serie de medidas que impactarán directamente en la vida laboral de los empleados públicos.

Una de las modificaciones más destacadas se centra en la reestructuración del modelo de la Función Pública, donde la planificación estratégica de recursos adquiere un papel central. Este enfoque estratégico busca mejorar la gestión de los recursos humanos y garantizar una mayor transparencia en los procesos de selección. La inclusión de plazos irrenunciables para la ejecución de las ofertas de empleo público y la posibilidad de reofrecer plazas no cubiertas tras convocatorias anteriores en un plazo razonable representan un cambio sustancial en la dinámica de acceso a estos puestos.

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"Evaluación del desempeño"

Otro aspecto clave es la implementación de un modelo de evaluación del desempeño obligatorio. Esta evaluación no solo medirá el rendimiento laboral, sino que también se enfocará en proporcionar herramientas de formación y desarrollo a aquellos funcionarios que puedan necesitarlo para mejorar su desempeño. Este enfoque propositivo se aleja de penalizar a los empleados y busca potenciar su crecimiento profesional y su contribución al servicio público.

La introducción de la carrera horizontal representa un cambio innovador. Este sistema, basado en una evaluación integral que considera la trayectoria, el desempeño, la formación y la participación en actividades relevantes, permitirá a los funcionarios mejorar sus condiciones laborales sin necesidad de cambiar de puesto. Este reconocimiento a la excelencia en el desempeño podría incentivar una mayor dedicación y compromiso por parte de los empleados públicos.

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Asimismo, la reducción de los plazos en los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas son acciones concretas que buscan agilizar y hacer más eficientes estos procedimientos, garantizando un acceso más ágil y transparente a la Función Pública. Por otro lado, la modificación en la Ley del Mecenazgo, incluida en este paquete de reformas, tiene como objetivo ampliar los incentivos fiscales para fomentar el mecenazgo en todos los sectores, lo que podría generar un impacto indirecto pero relevante en el ámbito cultural y social, donde se espera una mayor participación e inversión privada.

Estas reformas representan un paso significativo hacia una Función Pública más eficiente, transparente y orientada al mérito y la competencia. Si bien es un cambio que promete una mejora sustancial en la gestión pública, su implementación efectiva y su impacto real en la dinámica laboral de los funcionarios será fundamental para evaluar su éxito a largo plazo.

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Así afectará a los funcionarios

Desde el Ejecutivo aseguran que todas las medidas recogidas en esta norma "se plantean en positivo" y que "en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no la superen".

Cuando los empleados públicos no obtengan los resultados requeridos en las evaluaciones "se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño". En este sentido, "el fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convetirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación".