Veinte años de prisión es la pena que pide la Fiscalía Provincial para un hombre, acusado de matar a un compañero de trabajo tras una discusión. Los hechos sucedieron en Altura, en noviembre del 2018, y el presunto agresor se enfrentará a un juicio con jurado popular este mes. El mismo se prolongará durante ocho largas jornadas en las que declararán testigos de la pelea, familiares, investigadores de la Guardia Civil y también médicos forenses. La Audiencia Provincial de Castellón constituye hoy el jurado popular para el juicio que comienza el lunes.
Como publicara Mediterráneo en su día, el crimen tuvo lugar pasadas las 20.30 horas en la calle Bruno Sebastián. El procesado, tras haber mantenido un desencuentro con el asesinado en la empresa dedicada al envasado de fruta donde ambos desarrollaban su actividad profesional; se dirigió a casa de la víctima, esperó a que llegara y comenzó una nueva discusión. Los implicados se trasladaron a unos metros de la vivienda, hasta adentrarse en un parque que estaba casi a oscuras.
Según detalla el Ministerio Público, el agresor le recriminó que le hubieran amonestado y expulsado del centro de trabajo. En su su escrito de acusación provisional, sostiene el acusado le dio varios golpes en el rostro al ya fallecido y se colocó detrás de él, agarrándolo por el cuello. Una vez lo tuvo inmovilizado, supuestamente, sacó un cuchillo de 26 centímetros y le asestó dos puñaladas mortales en un costado.
Las mismas le rompieron una costilla y penetraron en órganos vitales. Concretamente, le perforaron el pulmón y el corazón y le seccionaron la arteria coronaria izquierda. Todo ello le provocó una hemorragia masiva que causó su fallecimiento en un corto periodo de tiempo --entre 30 y 60 minutos, según los forenses--.
Acto seguido, el atacante se marchó corriendo del lugar y se dirigió a su vivienda, también ubicada en Altura. Allí escondió el arma utilizada en el crimen.
La víctima tenía 28 años en el momento de su asesinato, estaba casado y tenía un hijo de tan solo un año y medio. El fiscal pide una indemnización de 90.000 euros tanto para la mujer, como para su vástago. Asimismo, aboga por 70.000 euros para el padre del joven asesinado y 15.000 para cada uno de sus hermanos.
La noche del asesinato se personaron en la zona de forma casi inmediata la Policía Local de Altura y la Guardia Civil, así como una ambulancia medicalizada del hospital auxiliar de Segorbe, que no pudo más que certificar la muerte del joven apuñalado.
Tras la constitución del jurado popular, el juicio comenzará con la declaración del acusado, que está preso preventivo.
