Un total de siete son los procesos judiciales de carácter contencioso-administrativo que podrían abrirse en cuanto la sentencia por el caso Piaf, dictada por la Audiencia Provincial de Castellón y conocida el pasado lunes, sea definitivamente firme. Para ello, aún cabe esperar que en los próximos días las partes que intervinieron en el juicio (tanto el Ayuntamiento de Vila-real como los condenados en esta causa --el exalcalde popular Juan José Rubert, el exedil Ramón Tomás y el empresario Antonio Pons--) presenten recurso ante el Tribunal Supremo, lo que alargaría el procedimiento en torno a otro año y medio, como ayer avanzó Mediterráneo.
Unos procesos que, en su conjunto y aunque diferenciados, también tienen relación con los endosos que realizó el exmunícipe Rubert a favor de Piaf días antes de dejar la alcaldía (tras no lograr revalidar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo del 2011), por facturas que sumaban en torno a 600.000 euros y que correspondían a trabajos que, al menos en parte, no quedaron acreditados que se llevaran a cabo, según constataron los técnicos del consistorio. Una falta de acreditación que llevó al alcalde socialista José Benlloch a ordenar que no se abonara el dinero de las mismos, que ya adelantó una entidad bancaria a la mercantil.
En concreto, en uno de los juicios iniciados por el administrador concursal de Piaf se dilucidará si el consistorio debe abonar un recibo de 290.000 euros anulado, correspondiente a las obras de la sede de la jefatura de la Policía Local. En otro, se incluyen 35 facturas endosadas, por un importe global de unos 300.000 euros, relacionados con labores no confirmadas en diferentes áreas.
Trabajo privado
Asimismo, se reclaman los 18.000 euros de los trabajos que Piaf realizó para instalar unan plataforma en un edificio privado. Y a ello se suma el proceso del propio concurso de acreedores, abierto para completar la liquidación de la firma y en el que se personó el Ayuntamiento al considerar que la mercantil debe dinero a las arcas municipales.
Otro de los procedimientos judiciales que aún quedan pendientes de ejecutar es el de la resolución del contrato entre el consistorio y Piaf relativo a la construcción de la jefatura de la Policía Local. En este caso, la sentencia estableció que había que iniciar un nuevo expediente de valoración de la liquidación a realizar, pero que se frenó como consecuencia del inicio del juicio penal.
Por otra parte, al conocer el administrador concursal de Piaf que existía un aval en el Ayuntamiento por los trabajos de la sede de la Policía Local, este interpuso una nueva demanda para dilucidar si el mencionado aval debe devolverse a la mercantil o no.
Y, por último, y también relativo al edificio de la jefatura, resta la reclamación judicial que realizó el exalcalde Rubert para que se le abonara a Piaf el dinero de las facturas bloqueadas por el ejecutivo local liderado por Benlloch.
Una reclamación que, finalmente, el propio Rubert retiró, pero cuya suspensión por parte del magistrado quedó pendiente, a la espera de una sentencia en el proceso penal del caso Piaf.
El PP niega que hubiera una trama organizada
El PP de Vila-real, a través de una nota remitida ayer, asegura que «después de 10 años de juicio mediático, alimentado interesadamente por el alcalde socialista, José Benlloch, ahora la sentencia por el conocido como caso Piaf ha desmentido rotundamente la existencia de una trama corrupta, acusación que ha pretendido hacer creer a los vecinos durante años, buscando un beneficio electoral».
Asimismo, desde el PP adelantan que los condenados en este proceso por prevaricación continuada (el exalcalde Juan José Rubert, el exedil Ramón Tomás y el empresario Antonio Pons) recurrirán el fallo de la Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo. Así lo confirmó también a Mediterráneo él propio Tomás quien, además, anunció que sus abogados iniciarían una investigación con el objetivo de llevar a los tribunales a Benlloch y su equipo «por cosas como la adjudicación irregular del bus».
