El Consell Valencià de Cultura (CVC), organismo consultivo de la Generalitat valenciana en materia de Cultura, solicita la declaración de las gaiatas de Castellón --también las Fallas, que, asimismo se celebran varios pueblos de la provincia de Castellón, y les Fogueres de Sant Joan-- como bien de interés cultural de la Comunitat Valenciana y su inclusión oportuna en el inventario de bienes del patrimonio inmaterial de la Unesco.

El CVC invita a las instituciones a que inicien las gestiones adecuadas para conseguir estos grados de protección y consideración máxima de estos festejos tradicionales. La institución argumenta la solicitud de esta distinción “por razones históricas, artísticas, literarias, musicales, asociativas, populares, mantenimiento de las tradiciones y promoción económica”.

Asimismo, respecto al contenido de la fiesta, el CVC considera “esencial” el uso del valenciano en la elaboración de rótulos y llibrets, así como en la vida asociativa, interna y externa, de los festeros, e insta a las autoridades y diversas entidades culturales a velar por el uso normalizado de la lengua.

NUEVO PASO // La declaración de las gaiatas como bien de interés cultural inmaterial y su inclusión en el listado de bienes del patrimonio inmaterial de la Unesco supondría un nuevo paso de reconocimiento de las fiestas de la Magdalena que desde el año 2010 cuentan con el título de fiestas de interés turístico internacional por parte del Gobierno de la nación, con lo que se consolidaría no solamente su promoción a nivel internacional sino que se garantiza plenamente su protección desde el ámbito cultural.

Esta solicitud la realizó el Consell Valencià de Cultura en su reunión de ayer en la que también se planteó la revisión de la ley del mecenazgo y la fiscalidad relativa al patrocinio cultural, como medidas que contribuyen a la permanencia y futuro de la cultura, proponiendo como herramienta el micromecenazgo, “necesaria para la elaboración de los presupuestos públicos”, indica el CVC que, no obstante, considera que el mecenazgo y el patrocinio no pueden convertirse en el “sustituto de la responsabilidad pública que tiene el Estado”.