La Diputación de Castellón incrementará en un 40% las ayudas para la contratación de personas en situación de desempleo por parte de los municipios al aumentar la partida hasta los 1,2 millones.
La corporación tiene previsto dar luz verde en el pleno ordinario de abril, que tiene lugar este martes e incorpora otros asuntos como la aprobación de los proyectos del Plan 135, a la nueva convocatoria del plan de empleo. La misma crece respecto a la edición anterior, cuando contó con una dotación de 850.000 euros, con el objetivo de potenciar la ocupación frente a los efectos del covid.
El diputado de Promoción Económica y Ocupación, Pau Ferrando, destaca que "este año por culpa de la pandemia ha crecido el paro, por lo que el plan, aunque temporal, es una ayuda durante unos meses para evitar que muchas personas estén en paro".
"El plan, aunque temporal, es una ayuda durante unos meses para evitar que muchas personas estén en paro"
Para ello, según ha podido saber este diario, la estrategia garantizará una subvención mínima por ayuntamiento de 8.888 euros para incorporar personal durante un mínimo de tres meses a jornada completa, aunque el periodo puede ser todavía mayor si el consistorio lo estima oportuno.
Tareas a desempeñar
Las labores que desempeñarán los operarios son principalmente obras o servicios que mantengan un interés general y social, tal y como establecen las condiciones de la convocatoria. Los contratos deberán realizarse este mismo año, tras dar luz verde a la subvención este mes, y finalizarán antes del 30 de septiembre.
"El plan de empleo se está convirtiendo en un elemento necesario para las localidades", comenta Ferrando, quien insiste en el papel de la herramienta para que "los municipios más pequeños puedan reforzar la plantilla durante la época estival y también para que las localidades con más presupuesto diversifiquen sus plantillas con gente con más especialización", explica el diputado.
Récord de participación
La corporación aspira este año a repetir los datos de participación en la iniciativa del ejercicio pasado, cuando se retomó tras la supresión en el 2019 por parte del ejecutivo provincial en manos del Partido Popular.
La última edición de la estrategia contó con la inscripción de 132 de los 135 consistorios de la provincia y otorgó una ayuda mínima de 6.286 euros, dando preferencia a los colectivos más vulnerables para favorecer la inserción en un contexto completamente ajeno a la pandemia.
