La Diputación de Castellón ha dado luz verde en el pleno ordinario de mayo celebrado este martes a las bases que regirán la línea de ayudas bautizada como Reactivem Empreses y que está dotada con 5 millones de euros para "reactivar" al tejido empresarial de la provincia y paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
La medida, que ha contado con el respaldo unánime de la corporación provincial, se suma así al resto de acciones impulsadas hasta la fecha que, según ha explicado el diputado de Cooperación y Concertación con los Ayuntamientos, Ximo Huguet, pretenden "que sea una realidad reactivar Castellón a través de los ayuntamientos, la DIputación y el tejido productivo".
Las bases de estas subvenciones, enfocadas a las compañías y los autónomos, permitirán a las localidades seleccionar los sectores afectados por la crisis que resultarán beneficiarios de la aportación econñomica, aunque hacen referencia a colectivos como la hostelería, la artesanía o incluso los artistas falleros, entre otros.
No obstante, pese a votar a favor de la estrategia, el diputado popular Salvador Aguilella ha criticado la tardanza en la convocatoria del plan "pues llega 14 meses después de que el 23 de marzo del 2020 el PP les pidiera una línea de ayudas", así como la carga de trabajo que generará las ayudas a los consistorios: "Las cosas se pueden hacer mucho mejor", ha aseverado Aguilella.
Al respecto, Huguet ha respondido que "consideramos que en estos momentos estamos haciendo los deberes marcados a principios de año para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia", después de "aprobar en febrero un primer paquete para las empresas". Al mismo tiempo, el socialista ha defendido que sean los ayuntamientos los que gestionan estos fondos, ya que "son ellos los que conocen los sectores más afectados y así tienen capacidad para decidirlo".
El próximo paso en la tramitación de esta estrategia pasa por la concreción del reparto de los 5 millones de euros entre los municipios de Castellón. Cada uno de ellos recibirá una aportación mínima de 1.000 euros que aumentará de forma proporcional a la consignación concedida en el plan Resistir.
Infraestructuras para la provincia
El consenso, como es habitual en la Diputación, ha surgido de nuevo para defender reivindicaciones históricas y recurrentes en la provincia, en este caso sobre infraestructuras. El pleno ha instado al Gobierno a dejar exentos de peaje a los usuarios de vías de la provincia como la AP-7, la CV-10 o la A-23 ante la posibilidad de cobrar en un futuro por su uso.
El diputado provincial de Carreteras, Santi Pérez, ha señalado que "de lo que se trata es de hacer justicia porque hay que tener en cuenta casos como el de Castellón, donde los usuarios de la AP-7 pagaron peaje durante medio siglo". Mientras, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha añdido que "no podemos ser nosotros, que hemos estado pagando las autopistas hasta hace un año, quien paguemos un nuevo tributo".
El otro texto que ha salido adelante está encaminado a solicitar la ejecución del plan de mejora de los trenes de Cercanías y recuperar las frecuencias previas a la crisis en los servicios entre la capital de la Plana y Vinaròs.
