La aparición del coronavirusprovocó que el 2020 fuera un annus horribilis para muchos sectores de la economía, con el colectivo de los autónomos como uno de los grupos más vulnerables. Transcurrido más de año y medio, la situación sigue siendo delicada, ya que un 70% sigue por debajo de los niveles previos a la crisis, y la recuperación no se espera hasta el 2023.
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Así quedó de manifiesto ayer en una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Castellón, que con la organización de la Unión de Mutuas y la federación de autónomos ATA trató algunos de los asuntos que más preocupan a un grupo muy heterogéneo, que está presente en todos los sectores de la economía y que tiene un peso del 20% en el PIB autonómico.
Un colectivo en el alambre
El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, explicó que la situación financiera del colectivo tras el paso del covid es «como un pantano, que se ha vaciado de agua después de haber tirado de nuestros ahorros y de créditos, y es ahora cuando empieza a recuperarse», aunque lejos de los niveles previos a marzo del 2020. «En España hay 700.000 autónomos en el alambre», añadió Amor, quien pidió «que no haya zancadillas, porque hay más actividad y no hay restricciones de movilidad, pero hay otros problemas», como el coste de la electricidad o la subida anual media de 96 euros en las cuotas a la Seguridad Social por el nuevo salario mínimo.
En cuanto al debate sobre la derogación de la reforma laboral, valoró que este paso «desanima a la creación de empleo. Hay que dejar trabajar, que haya acuerdos y se vuelva a la senda del crecimiento». También dudó de que los fondos europeos lleguen a autónomos y micropymes. «Con esto y las amenazas de subidas fiscales, ¿quién puede emprender en este país?», comentó a los asistentes.
Cifras
Castellón cuenta con 41.542 autónomos, un 1,3% más que hace un año, aunque Amor puso de manifiesto que muchos de ellos siguen en cese de actividad por efecto de la pandemia, y otros proceden de la economía sumergida.
El presidente de ATA en la Comunitat, Alberto Ara, puso cifras a los costes energéticos, «un 44% más en electricidad y un 23% en combustible», a la vez que criticó las dificultades para acceder a determinadas ayudas públicas creadas a raíz del coronavirus. «De los 617 millones concedidos a la Comunitat se van a devolver casi 500; si hay dinero y no ha llegado a causa de la burocracia, es que no ha funcionado», comentó. Lorenzo Amor añadió que las ayudas concedidas en España solo alcanzan un 20% de la pérdida de facturación generada por la pandemia.
La directora gerente de Unión de Mutuas, Carmen Barber, detalló todas las medidas para que los trabajadores por cuenta propia «pudieran cobrar sus prestaciones». «Los autónomos son los primeros en sufrir la crisis y serán de los últimos en recuperarse», apuntó. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, María Dolores Guillamón recordó que este sector «es importante para la reactivación del empleo y la recuperación, y ejemplo de adaptación».
Trámites
Otro de los intervinientes fue Carlos Luis Alfonso Mellado, director de la cátedra del Trabajo Autónomo de la Universitat de València, quien destacó que hay actividades «que dependen de este colectivo, como el comercio pequeño y mediano, que da vida a los centros de las ciudades y los pueblos». Analizó las trabas de una Administración que no tiene en cuenta aspectos como los gastos deducibles, o las dudas frecuentes en el caso de tener ingresos menores al salario mínimo.
El PP pide que no haya un «varapalo» con las cuotas
La presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, se reunió con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, para conocer las reivindicaciones de su organización. La líder popular aseguró que la nueva subida de las cuotas de la Seguridad Social, que se hará efectiva a partir del próximo mes de enero, es «un nuevo varapalo económico a un colectivo imprescindible en la economía de nuestra provincia, que suma más de 41.300 profesionales», y consideró que va a motivar «el cierre de muchos pequeños negocios y, por consiguiente, la destrucción de muchos puestos de trabajo». Barrachina abogó por una nueva ley integral para el colectivo, con nuevas bonificaciones, una exención de cuotas si no se llega al salario mínimo o ayudas para la conciliación familiar.