La Diputación quiere sumarse como una voz institucional a la reclamación que se ha extendido a raíz de una campaña iniciada por un médico jubilado, para que las entidades bancarias garanticen la atención personalizada y de calidad a las personas que lo necesiten. Para ello, el gobierno provincial anuncia la presentación de una moción en el próximo pleno, en la que pedirán que tanto bancos como «otros organismos», ofrezcan «atención personalizada en ventanilla durante el horario en el que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía, en especial a la gente mayor y a personas con diversidad funcional», como precisaron ayer.
Esta no será la única exigencia que trasladarán a la administración competente en la materia. También quieren que los bancos «no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente».
La moción plantea más aspectos vinculados con la transparencia en la relación de las entidades bancarias con sus clientes más mayores o con diversidad funcional, y también apunta a otra problemática generada por la política que los bancos a la hora de cerrar oficinas y cajeros en los pueblos.
Servicio rural financiero
Diputación quiere que la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) implante «un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial». El propósito no es otro que garantizar que los municipios que se han quedado sin oficinas bancarias, recuperen de algún modo el servicio por «responsabilidad social, ética bancaria y compromiso con el territorio».
De forma complementaria, emplazan a ofrecer «talleres de alfabetización digital», para «reducir y erradicar la brecha digital rural en la Comunitat Valenciana».
El gobierno de PSOE y Compromís argumenta que en los últimos tiempos, las entidades bancarias han limitado mucho el acceso de los clientes a sus servicios, en especial a partir de la pandemia, lo que ha supuesto «una vulneración de los derechos y una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables».
