Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario». Así define la Real Academia de la Lengua (RAE) un fenómeno, el de la okupación, que trae de cabeza a decenas de vecinos de Castellón. Y ahí van tres ejemplos recientes: en Benicàssim, los okupas tomaron hace unos días siete de los once pisos de un inmueble seminuevo ubicado en pleno centro de la localidad y propiedad de la Sareb; en la calle Borriol de Castelló, y a principios de enero, los residentes denunciaron el clima de inseguridad generada por los intrusos de tres pisos gestionados por Solvia y en la calle Dean Martí, también en la capital, una veintena de okupas se apoderaron a mediados del pasado verano de un edificio entero amedrentando a los vecinos.
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La sensación general es que el fenómeno es cada vez más importante y los últimos datos que maneja el Ministerio del Interior confirman esta impresión. De enero a septiembre del 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia de 90 casos de ocupación ilegal de viviendas en Castellón, es decir, una media de diez al mes. Se trata de una cifra muy similar a la registrada durante todo el 2020 (ese año las denuncias ascendieron a 134), pero muy superior a las de años atrás. En 2019 las denuncias ascendieron a 81, en 2018 fueron 82, mientras que en 2017 se contabilizaron 78 casos y en el año 2016 un total de 58.
Desde el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska insisten en que esos 90 hechos conocidos de enero a septiembre (la estadística de todo el año aún no está cerrada) se refieren tanto a allanamiento de moradas, okupaciones hechas de primeras y segundas residencias y usurpaciones de inmuebles, sean o no residenciales. Y en el conjunto de la Comunitat la tendencia es muy similar: en los nuevos primeros meses del año pasado se registraron 968 casos de ocupaciones ilegales frente a las 639 del 2016.
Aunque las estadísticas no detallan cuál es el tipo de okupación más habitual en Castellón, todas las fuentes consultadas insisten en que la inmensa mayoría son propiedades vacías de bancos y fondos de inversión, cuya okupación es una usurpación (multa de tres a seis meses o cárcel de uno a dos años en caso de violencia o intimidación), lo que tiene consecuencias más leves que el allanamiento de morada (de seis meses a dos años de cárcel).
Los bancos o las administraciones que gestionan viviendas públicas son los principales afectados, pero en absoluto son los únicos. «Este fenómeno afecta también a los particulares y, sobre todo, a los que poseen una segunda residencia», explican varios abogados de la capital que aluden al «calvario» que tienen que pasar los propietarios que, mucha veces, «acaban con la vivienda totalmente destrozada».
Conflictividad vecinal
Pero más allá de que un grupo de okupas den una patada en la puerta y entren en una vivienda deshabitada o incluso tomen un edificio entero (según datos de las plataformas de afectados más del 80% de las okupaciones no son de familias necesitadas) este fenómeno provoca la desesperación de los vecinos de los inmuebles allanados por los intrusos, quienes a menudo denuncian escenas de violencia y problemas de seguridad.
Y eso precisamente fue lo que ocurrió en un edificio de la calle Dean Martí de Castelló, donde en junio del 2021 una veintena de okupas tomaron íntegramente un edificio de cuatro plantas propiedad de la Sareb y convirtieron en una pesadilla el ambiente tranquilo del barrio. Gritos a las horas de la madrugada, música a todo volumen, peleas, broncas con los viandantes... los residentes de la zona vivieron durante meses un auténtico infierno hasta que poco antes de final de año las fuerzas de seguridad consiguieron desalojar a los intrusos y devolver la paz a las calles del barrio.
Los conflictos por ocupaciones suelen enquistarse. Desde que una entidad financiera o un particular interpone una denuncia en un juzgado hasta que se celebre un juicio de desahucio pueden pasar siete u ocho meses. Y todo eso sin tener en cuenta que la legislación tiene con un buen número de recovecos que las mafias o las personas que ocupan una vivienda saben exprimir a la perfección.
La justicia va lenta, los okupas saben bien lo que hacen y es ahí donde entran en escena las empresas que se dedican a los desalojos exprés. «En los últimos años el incremento ha sido espectacular y en la provincia hemos actuado en casos de segundas residencias y también de inquilinos que tras pagar el primer mes de alquiler han dejado de abonar la mensualidad y se han convertido en okupas», describen en varias empresas del sector consultadas.