Los secretarios judiciales de la provincia de Castellón se reunieron en la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia para sumarse a la iniciativa de este organismo a nivel estatal que contempla un paro el martes, día 21, de 10.00 a 13.00 horas. Esta decisión responde a un acto de solidaridad con Juana Gálvez Muñoz, secretaria del juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, quien ha sido sancionada disciplinariamente por el caso Mari Luz.

Los secretarios judiciales de Castellón entienden que "esto mismo acaecido en Sevilla puede ocurrir en cualquier juzgado como los de Castellón, dado el obsoleto sistema judicial en el que trabajamos y la carencia de medios, tanto materiales como personales con los que debemos enfrentarnos todos los días en nuestro trabajo, y ello ante la pasividad de las administraciones competentes, pese a las reivindicaciones realizadas en años".

LA LOPJ SIN DESARROLLAR De este modo, estos denuncian "la situación real de la justicia española", e insistieron en que "la Administración no ha desarrollado la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pendiente desde el año 2003 y, por tanto, no ha reformado las leyes procesales y no ha implantado la nueva oficina judicial". Por todo ello, añadieron, "debemos exigir de manera urgente las reformas procesales, tal y como estableció la LOPJ del año 2003", y "exigimos un desarrollo real, consecuente con la realidad del siglo XXI". Además, dijeron, "reclamamos que se reforme la oficina judicial creándose servicios comunes que correspondan".

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, impuso a principios de mes a la secretaria judicial del juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Juana Gálvez, que llevaba el caso Mari Luz una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo por falta grave del art. 155.6 del Reglamento de los Secretarios Judiciales y artículo 536 b) 6 de la LOPJ, falta grave por negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación del proceso.

La sanción fue recibida con un fuerte malestar por los colectivos de secretarios judiciales, que no recuerdan un castigo disciplinario tan duro por una conducta "no dolosa", y que consideran que su compañera ha sido el "chivo expiatorio" de la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Rafael Tirado. La resolución señalaba que la secretaria judicial ejerció un "nulo control" sobre la ejecutoria contra el pederasta Santiago del Valle y su esposa, Isabel García Rodríguez, e incurrió "en un cúmulo de omisiones y errores que manifiestan un grave incumplimiento de sus obligaciones profesionales".

SERVICIOS MÍNIMOS Por su parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales calificó ayer de "inaceptables" los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Justicia para el paro del próximo martes, y acusaron a este departamento de querer "boicotear" la protesta e impedirles ejercer la huelga. "Los servicios mínimos propuestos e impuestos por el Ministerio de Justicia son los más duros de entre los que nunca se han establecido jamás", ya que "se han fijado en un 30% en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia y en Audiencias Provinciales".