Los empresarios y autónomos del sector de la construcción, el automóvil o de la instalación eléctrica y fontanería de la provincia no creen que la aplicación de la ley 7/2012, que prohíbe pagar en efectivo aquellas operaciones superiores a 2.500 euros en las que interviene un empresario, vaya a surtir efecto. A su juicio, no se trata de la solución adecuada para combatir la economía sumergida, pues solo sanciona a aquellos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, y no actúa frente al intrusismo.
Además, coinciden en que la picaresca no desaparecerá por imponer sanciones, pues como indica Juan Manuel Suárez, presidente de la Asociación Provincial de Instalaciones Eléctricas de Castellón, “la gente no piensa que la vayan a pillar y asumirá correr ese riesgo”. Asimismo, denuncia que la medida tiene un afán “estrictamente recaudatorio” y critica que “todo se resuelva con multas, frente a solucionar el grave problema de intrusismo”.
Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), afirma que, aunque en líneas generales apoya la lucha contra la economía sumergida, “sería coherente que tampoco se permitiera el pago de cantidades superiores a 2.500 euros entre particulares porque así combatiríamos el problema de la competencia desleal”. Su presidente, Rafael Pardo, considera las sanciones “exageradas” y teme que esta prohibición “tenga como único fin la recaudación”.
Martirián Martín, presidente de Astrauto, considera que la medida no afectará demasiado al sector del automóvil, pero “he comunicado a todos mis asociados que deben cumplir la ley”. David Elena, gerente de Asnepa en Castellón, opina que la medida “favorece el pago en negro”.
