El ambicioso plan antimosquitos puesto en marcha por la Diputación de Castellón prevé 40 medios para hacer frente a la plaga de mosquitos, entre los que destacan 18 drones y tres helicópteros para poder realizar tratamientos aéreos. El problema radica en que efectuar este tipo de controles requiere de una preautorización de la Conselleria de Sanidad, que como informó Mediterráneo, actualmente solo disponen seis municipios, que son los únicos que la habían solicitado a dicho departamento.
Se trata de Cabanes, Torreblanca, Nules, Moncofa, Xilxes y Almenara. En este listado no figura ni Castelló ni Almassora. Las asociaciones de vecinos de la Playa de Almassora y de la Plana en Trilles, que comprende la Marjaleria de Castelló, reclaman a ambos ayuntamientos «ponerse las pilas» y disponer de esta autorización «porque solo con las fumigaciones aéreas se gana efectividad y no habría mosquitos», dicen.
«Zona poblada» // El consistorio de la capital de la Plana descarta la medida y argumenta que la Marjaleria es una zona habitada, «donde no se pueden aplicar este tipo de tratamientos aéreos», al tiempo que insisten en que la empresa concesionaria del servicio realiza controles los 12 meses del año, intensificándolos en época de verano. «La Universitat de València realiza estudios periódicos --análisis financiados por la Diputación-- que avalan que el servicio está funcionando», señalan fuentes municipales.
Por su parte, desde el consistorio de Almassora argumentan que acaban de requerir dicho permiso a Sanidad para la zona de les Goles, donde no es posible acceder por medios terrestres. La petición se produce después de que la alcaldesa en funciones, Merche Galí, preguntara al Consorcio del Millars de quién era la competencia de solicitar la preautorización en cuestión.
Por tanto, Almassora ha movido ficha, como también lo ha hecho esta semana Benicàssim, municipio que a pesar de contar con el humedal de la Cuadra de Santiago no había realizado la correspondiente tramitación.
drones y helicópteros // Las fumigaciones aéreas solo se pueden llevar a cabo, aunque sean efectuadas con los medios que ha habilitado la Diputación (tres helicópteros y 18 drones), si se tiene la preautorización y el visto bueno posterior de la Conselleria de Sanidad, que solo da su beneplácito para estos tratamientos si considera que la plaga de mosquitos es un problema de salud pública. Algunos municipios han criticado en repetidas ocasiones la normativa tan estricta por la que se rigen estos controles.
El producto que emplean en las fumigaciones aéreas es un larvicida biológico, que cumple toda la normativa y solo mata las larvas de mosquito, sin afectar a ninguna otra especie. El último tratamiento de esta índole que efectuaron en la provincia fue el pasado verano en el paraje del Prat de Cabanes-Torreblanca
