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El Periódico Mediterráneo

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Abogados Cristianos denunciará a la concejala de cultura de Castelló por prevaricación e incitación a la práctica sexual de menores

La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha anunciado la demanda que interpondrá tras conocer el contenido de los libros LGTBI

Estos son los libros de la polémica en Castelló.

Abogados Cristianos ha anunciado durante la mañana de este lunes que denunciará a la Concejal de Cultura, Verónica Ruiz, tras conocer el contenido de los libros LGTBI que había repartido el Ayuntamiento de Castelló en once centros educativos de la ciudad.

Según ha revelado la presidenta de esta asociación, Polonia Castellanos, demandarán por prevaricación, provocación sexual e incitación a la práctica sexual a menores de 16 años y delito de odio a la titular de la concejalía. Además, ha añadido que "intentar adoctrinar a los menores, defendiendo la pornografía, el sexo con drogas y atacando a las religiones, no sólo no es educación, sino que es un delito".

Además, Abogados Cristianos añaden que pedirán al juez que abra una investigación por si la alcaldesa de la capital de la Plana, Amparo Marco, tuviera algún tipo de vinculación con este polémico tema. Marco ya ha asegurado que pedirá explicaciones a Ruiz sobre la problemática que han generado estas publicaciones.

Reacciones ante la retirada de estos libros

Algunas figuras destacables de la política nacional y autonómica han mostrado su apoyo al consistorio castellonense tras que el juzgado de lo Contencioso nº1 de Castellón decidiera retirar los libros de las aulas. La Ministra de Igualdad, Irene Montero, y el president de la Generalitat, Ximo Puig, mostraron su apoyo a los colectivos LGTBI. "Eso es riqueza y la manera de garantizarnos todos y todas las capacidades para tener el proyecto de vida que cualquier persona se merece en ese intento de tener las máximas ráfagas de felicidad posibles".

La polémica ha cruzado las fronteras españolas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, publicaba un tweet en el que critica a la justicia española porque con esta decisión "afecta a los derechos de los colectivos LGTBI".

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