No hubo sorpresas. Tal y como adelantó ayer el periódico Mediterráneo, el documento que recoge la petición del Ayuntamiento de Castelló a la Conselleria de Cultura en la que le solicita que revoque o anule la decisión de no autorizar la remodelación de la Pérgola salió adelante con los votos a favor y en solitario del grupo municipal del PSOE, mayoría en la junta de gobierno local. El no sus socios de gobierno, Compromís y Podemos, no bastó para frenar esta decisión firme de la alcaldesa de la capital, Amparo Marco, en la que exige a Cultura que otorgue la licencia que dé paso a la rehabilitación de edificio que la administración autonómica autorizó hasta en dos ocasiones.
Se trata, así, de un ultimátum del consistorio a Cultura ya que, o vuelve a dar por bueno el permiso para la obra o ambas administraciones se verán la cara en los juzgados porque el Ayuntamiento interpondrá un recurso contencioso administrativo. De hecho, la Conselleria de Cultura tenía que haber comunicado al consistorio capitalino la modificación emitida, por lo que el cambio de rumbo es nulo de pleno derecho, según recoge el documento que trasladará próximamente el consistorio a la secretaría autonómica de Cultura y Deporte de la Generalitat, y según explicó el portavoz del gobierno local, José Luis López.
Tan cerca y tan lejos
Durante la celebración de la junta de gobierno local, se pusieron de manifiesto las diferentes posturas a este respecto de los socios del Acord de Fadrell. Mientras los socialistas apoyaron el documento jurídico, los concejales nacionalistas de Compromís defendieron la postura inicial y de apoyo a Cultura, Conselleria gobernada por este mismo partido político. «Todos los informes son contrarios a la reforma porque la Pérgola es un edificio impropio del parque Ribalta», afirmaron en un comunicado desde el grupo municipal de Compromís. En el mismo sentido se pronunciaron los de Podemos, desde donde afirmaron que su voto en contra se justifica en el «respeto a la voluntad de la Dirección General de Patrimonio que tiene el derecho a la rectificación».
Por el contrario, en lo que sí que estuvieron de acuerdo los tres grupos municipales es en exigir a la Conselleria de Cultura en que sea ella la que asuma la indemnización a la empresa adjudicataria por no poder ejecutar los trabajos. Una cantidad que superaría los 100.000 euros.
