Castelló cuenta en la actualidad con 221 viviendas sociales. Para mejorar el funcionamiento de las mismas, detectar posibles okupaciones, controlar e inspeccionar el estado de los hogares y velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otros asuntos, la concejalía de Vivienda impulsa un nuevo servicio que prevé estrenar en el plazo de dos meses, con una inversión de 200.000 euros anuales, y que contará con trabajadores, educadores y mediadores sociales, además de personal administrativo.
Al mismo tiempo, un equipo de Jornals de Vila ha comenzado a acondicionar un nuevo local que albergará la oficina de atención. Se ubicará en la calle Obispo Salinas, donde en la actualidad hay medio centenar de estas viviendas municipales, y será el punto central de este servicio integral.
El equipo de Jornals de Vila, según indican desde la concejalía, también acondicionará las porterías de estos edificios. Esta labor se une al contrato que reformará otras cinco viviendas sociales en la ciudad. Hasta la fecha se habían realizado setenta acciones de mejora y acondicionamiento.
«Trabajamos por ampliar la cobertura en las viviendas municipales y garantizar una gestión que amplíe también la cifra de alquileres municipales», indica al respecto la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de la capital de la Plana, María Jesús Garrido.
Las tareas
Entre las tareas que abarcará este nuevo servicio integral destaca la vertiente social del proyecto. Por ejemplo, a través de itinerarios de acompañamiento, se establecerán relaciones de los usuarios de las viviendas con los diferentes sistemas educativos, sanitarios, laborales o vecinales. El objetivo es estimular los recursos potenciales para superar los problemas, reducir la dependencia institucional y el riesgo de exclusión social y mejorar sus condiciones de vida, favoreciendo la inserción laboral, anticipando causas y factores. También se educará a los inquilinos en economía doméstica y se velará por el fomento de las relaciones vecinales y la convivencia interna de las familias.
Las labores de vigilancia incluirán, por otra parte, la detección de posibles okupaciones ilegales de las viviendas sociales, inspeccionándolas «cuantas veces sea necesario», comprobando aspectos como enganches de suministros. En caso de detectar estas okupaciones, el nuevo servicio lo comunicará de inmediato al Ayuntamiento. También se investigará cualquier intento de cesión o subarriendo, o de obras ilegales.
