El concejal de Urbanismo de Castelló, José Luis López, y la teniende de alcaldía del Grau, Mary Carmen Ribera, acompañados por técnicos municipales, han explicado este sábado a vecinos de la Marjalería qué implicaciones tiene para sus intereses la aprobación definitiva del nuevo PGOU de la ciudad. En concreto, les han indicado cuáles serán las vías de «regularización» de sus viviendas y les han avanzado que ya se está trabajando en la redacción del primer Plan de Reforma Interior (PRI), que se abordará en la conocida como zona de Los Patos, en la avenida Hermanos Bou.
Desde el consistorio han remarcado que este es el primer avance respecto a la normalización de la situación de las más de 5.000 construcciones residenciales de la Marjalería, «aportando soluciones reales tras décadas de incertidumbre y de inseguridad jurídica», ha resumido López tras la asamblea.
Los representantes municipales han detallado que el PGOU «contempla dos vías para regularizar las viviendas construidas antes del 20 de agosto del 2014 —año de aprobación de la LOTUP—, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos». Por un lado están los Planes de Minimización de Impacto Ambiental en las casas que están en suelo no urbanizable, para el resto, la solución es un Plan de Reforma Interior (PRI), a partir de su ejecución, los vecinos podrán conseguir la cédula de habitualidad —de la que ahora no disponen— y se beneficiarán de servicios públicos de los que ahora carecen (según las zonas, alcantarillado, alumbrado...).
La postura vecinal
La AAVV Marjaleria reconoce ese trabajo del Ayuntamiento, aunque su presidente, Daniel B. Montel, precisa que «aún hay cosas que negociar». Una de ellas ha generado cierta tensión entre los asistentes. Como resume Montel, les han indicado que las obras que se acometerán para urbanizar las diferentes zonas de la Marjalería se financiarán a dos partes, una aportación municipal del 10% y contribuciones especiales a cargo de los propietarios, que supondrá el 90% restante. Lo que defienden los afectados es que «llevamos 20 años pagandos IBI de urbana como para tener que asumir el 90%». Admiten que la mayor parte de la inversión debe ser sufragada por los afectados, pero en una proporción menor, «porque para algo hemos estado pagando impuestos tantos años» sin que existiera ninguna regulación.
A los vecinos también les preocupa la planificación en el tiempo de las urbanizaciones. Les han indicado, según asegura Montel, que van a empezar con los PRI por Hermanos Bou y poco a poco irán preparando y ejecutando el resto. «Eso es discriminatorio», afirma, porque temen que puedan pasar de 5 a 10 años hasta que los vecinos de otras zonas de la Marjalería puedan beneficiarse de esa regularización anunciada. Esa es la razón por la que, con el nuevo PGOU en la mano, quieran negociar con el Ayuntamiento la concesión de las cédulas de habitabilidad a todos los propietarios que cumplan con las exigencias legales, para que los que no tienen agua o luz puedan darlas de alta a corto plazo y el resto obtenga la tan reivindicada tranquilidad legal, sin tener que esperar mientras otros la obtienen.
Estas son algunas de las razones por las que, pese a la reunión informativa, las asociaciones vecinales confirman que van a mantener la movilización convocada para el próximo 3 de diciembre, porque son muchas las necesidades pendientes, dicen, y pocos los avances reales «a día de hoy».
Frente al escepticismo vecinal, desde el equipo de gobierno defienden que «es el momento de hacer efectivas las soluciones para la legalización de las viviendas de la Marjalería». Su propósito, según López, es reunirse «con cada grupo de vecinos para tratar específicamente su caso en función de las necesidades que presente».
