El Parlamento Europeo aconsejará al Gobierno que cambie la ley de Costas

La lucha para evitar los derribos de viviendas en la costa de la provincia ya ha llegado a Europa y ha obtenido sus frutos. Y es que el Parlamento Europeo aconsejará al Gobierno central que modifique la ley de Costas del año 1988. Así se lo hizo saber la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, a los diputados Vicent Sales y Mario García, quienes le entregaron ayer en Bruselas las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense con las que se reclama la modificación de la actual normativa estatal.

García explicó que “el ente europeo no puede obligar al Estado a cambiar la ley, pero es consciente de nuestro problema y de la posibilidad de derribos, por lo que elaborará un informe del encuentro y lo remitirá al Gobierno recomendando la variación del reglamento”. Asimismo, incidió en que Mazzoni es “consciente de que la futura administración del PP es más sensible a este tema”.

Asimismo, en la reunión se pactó la creación de un grupo de trabajo especial sobre el problema del litoral, ya que Mazzoni dio a conocer que había recibido multitud de protestas de diversas partes de España en este sentido. “Este colectivo estudiará las afecciones de la costa y sus posibles soluciones y pediremos formar parte de él”, indicó García. Aunque, eso sí, el también alcalde de Nules aseguró que “no bajaremos la guardia y seguiremos reivindicando, sea quien sea el ministro de Medio Ambiente, una actuación integral sobre el litoral y la modificación de la normativa”.

Esta reclamación, acompañada de un informe con más de 15.000 firmas, fue lo que presentaron ayer García y Sales ante Mazzoni. En el documento se defiende la legitimidad de los inmuebles que se construyeron antes de la ley vigente y que ahora se encuentran en dominio público terrestre debido a la imparable regresión.

Uno de los argumentos más contundentes es el de la aplicación de la norma con carácter retroactivo. En este sentido, se denuncia que esta decisión ha tenido como consecuencia las “demoliciones arbitrarias de casas adquiridas legítimamente”.

DERECHOS // El informe también denuncia que “los propietarios pasan a ser titulares de un derecho de ocupación del dominio público y, una vez finalizada la concesión, se extingue sin indemnización alguna”. El diputado de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicente Sales, indicó que “el primer paso ya está dado y seguiremos en este camino hasta lograr nuestro fin”, a lo que añadió que “aunque estamos convencidos de que la sensibilidad del nuevo Gobierno será muy distinta a la que se ha mantenido hasta ahora, no hay que abandonar nuestras reivindicaciones”. Por su parte, García, aseguró que “lo hemos visto en Almenara hace unos días y la amenaza de derribo es real. La defensa de estas viviendas pasa por la protección del litoral, ya que, de lo contrario, el mar seguirá ganándole terreno a la costa”. H