Piden al Gobierno que pague la desaladora de Moncofa y Xilxes

Mediante sendas declaraciones institucionales, los plenos de los ayuntamientos de Moncofa y Xilxes dejaron claro que es el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Transición Ecológica, el que debe asumir el coste de la construcción y funcionamiento de la desaladora de los dos municipios.

Las mociones, aprobadas por unanimidad por los representantes políticos de ambas localidades, también instan a Acuamed a la modificación del convenio regulador para la financiación y explotación de esta infraestructura, con el fin de adaptarlo a la situación actual, ya que fue firmado en el 2006, contemplando una hipotética previsión de un futuro desarrollo urbanístico que al final no se ha materializado.

Dicho acuerdo obliga a comenzar a dar servicio antes de marzo del próximo año para salvar los 17,9 millones de euros aportados por la Unión Europea a través de las ayudas Feder para su ejecución, una subvención que tendrá que devolverse si la citada desaladora no comienza a trabajar.

AMORTIZACIÓN // Además, si el Ejecutivo central no atiende estas demandas, el Ayuntamiento de Moncofa se verá obligado a asumir 26 millones de euros, mientras que el de Xilxes, 11 millones, de los costes de amortización, cantidades a abonar en 25 años. El coste para construir la controvertida instalación sumó alrededor de 51 millones de euros.

Ante esta situación, el alcalde moncofense, Wenceslao Alós, apunta: «No hemos conseguido suprimir, o al menos suavizar, la condición de dependencia en cuanto a la financiación». Mientras que el munícipe de Xilxes, José Martínez, explica: «Poblaciones pequeñas como es nuestro caso no pueden hacer frente, de ninguna manera, el elevado precio de este proyecto para su puesta en funcionamiento».