Fiscalía archivó la denuncia del PP por la defensa en el ‘caso Almalafa’

La actualidad política municipal de la Vall d’Uixó sigue centrada en la propuesta de acuerdo que se planteará hoy en el pleno del Ayuntamiento, a fin de reservar el crédito —950.000 euros— para hacer frente a las medidas cautelares impuestas por el juez tras la sentencia del caso Almalafa.

El PP local, a través de su portavoz, Óscar Clavell, insiste en su única línea argumental: el consistorio no se personó en el juicio el 12 de febrero del 2016. «Si uno cuando va a un juicio no sabe si lo va a ganar o lo va a perder, lo pierde al cien por cien si el abogado defensor y los testigos no se presentan», afirma. Una cuestión sobre la cual Fiscalía archivó diligencias ese mismo año.

INVESTIGACIÓN / El edil popular recuerda que en el 2016 solicitaron la apertura de una comisión de investigación, rechazada por todos los grupos municipales a excepción del PP, para esclarecer por qué el consistorio no acudió a su cita con los tribunales. Pero esta no fue su única actuación.

El 28 de julio del mismo año, Elena Vicente-Ruiz, en representación de esta formación, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la alcaldesa, Tania Baños, por un delito de administración desleal y otro contra la administración pública. La respuesta del fiscal fue archivar la querella.

Según expuso en la propuesta de decreto número 163/16, la acusación no precisaba «en qué medida estimaba que la no práctica de prueba testifical y pericial hubiera podido alterar el resultado del juicio». Además, el fiscal refería una conclusión que el juez contempla en la sentencia: no se le podía pedir a Almalafa que acometiera las mejoras comprometidas, «cuando resultaba evidente que el Ayuntamiento no iba a poder recepcionar las obras en un plazo razonable».