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denuncia de un autónomo de els ports

«La Fundación Blasco de Alagón me debe 30.000 €»

Adell asegura que la situación que vive «es insostenible»

«La Fundación Blasco de Alagón me debe 30.000 €»

La Fundación Blasco de Alagón adeuda 30.000 euros a un autónomo que durante décadas trabajo para el ente. Ante la extinción de la institución, aprobada por el Consell, el afectado clama para que se resuelva la situación que le ha abocado a un punto límite.

La pesadilla para Guillermo Adell se remonta a hace más de siete años, cuando comenzaron los primeros impagos. A Adell, que tiene una pequeña empresa de restauración y obras y que ya ha puesto su caso en manos de la justicia, le faltan por percibir casi 30.000 euros. Una cantidad que ha mermado la economía familiar y le hace vivir con angustia. «Me deben dinero de cuando lo gestionaba el PP y de los que se encargan ahora. Quiero que se solucione cuanto antes. Es insostenible», afirma.

La fundación estaba compuesta por patronos públicos y privados. En el ámbito gubernamental contaba con el amparo de la Generalitat y la Diputación. En este sentido, desde 1996 hasta 2015 fue el Partido Popular quien, a través de las dos instituciones, tenía el control del ente. Posteriormente, desde la últimas elecciones autonómicas, la responsabilidad está en manos de la Conselleria que dirige Marzà y el Ayuntamiento de Morella.

La situación le afecta en los trabajos actuales, ya que la falta de fondos le ha arrastrado a no poder aceptar nuevos compromisos. «Me están ahogando. Por falta de liquidez he tenido que renunciar a otras obras que tenía adjudicadas. Es inadmisible», zanja.

La historia de esta fundación se remonta a 1996, cuando se creó bajo el mandato del Partido Popular en la Generalitat. El principal objetivo era la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico. A través de su administración han impulsado y gestionado diferentes áreas, desde las instalaciones de la Fábrica de Giner, el taller de restauración, Saltapins o Morella la Vella. La actividad se prolongó hasta mediados del 2018, cuando el pleno del Consell autorizó su disolución.

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