La complejidad del caso de las viviendas construidas en la Marjaleria de Nules se ha puesto una vez más de manifiesto tras conocerse que algunos vecinos han vuelto a recibir multas coercitivas por no derribar sus propiedades, a pesar de que desde la Generalitat se anunció la paralización de expedientes mientras se tramitara el plan especial para esta zona, como publicó ayer este rotativo.

Tanto es así, que el alcalde, David García, ha solicitado una reunión con responsables autonómicos para conocer los detalles de esta situación. García aseguró ayer que no tenía constancia oficial de que estuvieran enviándose sanciones y que las noticias al respecto le llegaron a través de un afectado al que se le ha impuesto una multa de 3.000 euros. «No les está pasando a todos, solo a unos pocos y no sabemos el motivo», afirmó el primer edil.

EXPLICACIONES / Para clarificar las razones y poder dar respuesta a la inquietud que este hecho ha generado, es por lo que se ha solicitado el encuentro, en el que también se interesarán por el estado en el que se encuentra la tramitación del plan especial, que en el mes de octubre se había remitido al Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica para que informara al respecto.

A la espera de que desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergancia Climática y Transición Ecológico --de donde procede al menos una de las denuncias enviadas este mes-- se dé respuesta a las preguntas planteadas ayer por Mediterráneo a este respecto, sí que se ha podido confirmar que las sanciones no han llegado a la totalidad de afectados del municipio y, además, el origen de las multas no es el mismo en todos los casos.

Al parecer, la mayoría de los propietarios de viviendas en riesgo de derribo tienen sus expedientes abiertos en la Conselleria de Territorio y Vivienda, y, al menos, uno de los casos, que expuso ayer este periódico, tiene su remitente en la de Agricultura. Una explicación puede estar en el diferente procedimiento escogido por los propietarios. Algunos, aconsejados por el primer asesor legal que se hizo cargo del caso tras la denuncia presentada por Gecen en la legislatura 2003-2007, optaron por la vía judicial --unos 90 casos--, lo que los alejó de la vía administrativa en la que está la mayoría y los colocó en la posición más delicada.