Burriana prohibirá celebraciones en los casals para la Misericòrdia

El Ayuntamiento de Burriana prepara un decreto de alcaldía que recogerá, entre otras cuestiones, tanto la suspensión de las fiestas de la Misericòrdia como la prohibición de ocupar espacios en la vía pública y de celebraciones festivas de peñas en los casals durante las fechas en las que deberían tener lugar las celebraciones patronales, para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para prevenir la expansión del covid-19.

Así lo manifestó la alcaldesa, Maria Josep Safont, tras presidir este martes la Junta Local de Seguridad, con la presencia de representantes de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, y los principales mandos en Burriana de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía de la Generalitat (unidad adscrita de la Policía Nacional).

En la reunión, los participantes mostraron la preocupación, tras la suspensión de los festejos de la patrona en septiembre, de que algunas peñas puedan incumplir la normativa y persistan en su intención de reunirse en torno a los casals, «con los riesgos y peligros de contagio que ello puede suponer»; y apelaron a la «corresponsabilidad de la ciudadanía».

Por ello, Safont aseguró que la Policía Local realizará especial hincapié, durante este periodo, en las tareas de inspección y control en el seguimiento de la seguridad en espacios públicos y reuniones privadas, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las medidas contempladas en la resolución de alcaldía y en el Decreto Ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante el covid-19.

Se trata de un dispositivo de seguridad local coordinado para detectar actividades incívicas y comportamientos prohibidos y sancionados por las ordenanzas municipales y autonómicas, para asegurar el «pleno cumplimiento de las medidas de prevención y contención».

El decreto municipal recordará las medidas establecidas en la norma de la Generalitat, que contempla sanciones económicas por el incumplimiento incluso en el espacio privado. Concretamente, para las infracciones leves será de entre 60 y 600 euros; para las graves, de 601 a 30.000 euros; y las muy graves, de 30.001 a 60.000 euros.

La finalidad, advirtió Safont, es «disuasiva», a la vez que añadió, que «queremos que la ciudadanía y los locales conozcan las infracciones para evitar que se produzcan, no se trata de estigmatizar a nadie, pero no podemos permitir que comportamientos irresponsables e insolidarios pongan en peligro a toda la ciudadanía y provoquen rebrotes que puedan derivar en medidas aún más restrictivas y drásticas».

En el encuentro, desde la Subdelegación del Gobierno se agradeció «el trabajo, el esfuerzo, la disposición y la coordinación demostradas por las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil y la Unidad Adscrita durante el estado de alarma, en el que estaban bajo el mando del Ministerio de Interior».