Aunque muchos de los ayuntamientos afectados no tiran la toalla en su guerra particular para impedir la implantación de la línea de muy alta tensión (MAT) en Castellón (una autopista eléctrica de 86,7 kilómetros que atravesará 16 municipios de la provincia), ya hay más de un alcalde que, viendo que el macroproyecto de Red Eléctrica Española (REE) ha conseguido el informe ambiental que desbloquea a todas luces su avance, da por asumida la instalación de las 186 torres pese al reiterado rechazo de tantos años para hacerle frente.
Por ello, algunos piden contraprestaciones a cambio de sufrir en sus carnes el impacto de los futuros gigantes de hierro dentro de su término municipal.
Entre los más beligerantes que lucharán hasta el final está el primer edil de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés (PP), quien deja claro que no quiere «ningún tipo de compensación económica», sino evitar la «maleza» que supondría la MAT en su localidad. «Estamos totalmente en contra y agotaremos todas las vías legales posibles para cambiar el trazado actual, por lo que iremos a Europa o donde haga falta», aclama.
Agotaremos todas las vías legales para evitar la maleza que haría en el pueblo, iremos a Europa o donde haga falta
Tras presentar cinco alegaciones al proyecto, el alcalde critica que las infraestructuras afectarían de lleno al «pulmón verde» de Moró («rutas senderistas y de BTT») y «núcleos urbanos consolidados», por lo que no lo van a «tolerar»: «Si nos cuelan ese trazado, será porque ya no hay más remedio». Y explica que el bufete de abogados de Madrid que representa al Ayuntamiento ya ha pedido una reunión con la empresa para exigirle un cambio en el recorrido.
Solo un juez me obligará a firmar. No queremos ninguna contraprestación económica, la salud no se juega con dinero
Una postura similar de «oposición total» defiende su homólogo en Atzeneta, Santiago Agustina (PSOE), quien adelanta que tendrá que venir «un juez» para obligarle a firmar el contrato. «No firmaremos ninguna contraprestación económica, la salud no se juega con dinero», asevera.
La iniciativa, que tilda de «barbaridad», significaría, entre otras cosas, invadir el Pla de Meanes, un núcleo poblacional con 180 personas, de modo que exige que la instalación vaya por donde va el circuito antiguo, por fuera del pueblo, «sin pisarlo», como hasta ahora. «Tanto esfuerzo y políticas para ir recuperando el territorio durante tantos años y ahora esto, nosotros no podemos estar conformes de ninguna de las maneras», apunta.
Una vez tienen la declaración ambiental, vamos a intentar apretar a la empresa para sacar el máximo dinero posible que podamos en beneficio de los vecinos
Entre los alcaldes que son conscientes de que, tras lograr el proyecto el informe ambiental, la batalla contra la MAT está prácticamente perdida sobresale el de Culla, Heredio Bellés (PP), quien confiesa que no han movido ficha ni han realizado más gestiones desde entonces. «Lo que intentaremos hacer ahora es apretar lo máximo a la empresa para conseguir el mayor dinero posible y beneficiar a los vecinos», reconoce.
Sobre el trazado, «dentro de lo malo», considera que, en lo que respecta a Culla, «el impacto podría haber sido peor» si REE hubiera apostado por soterrar parte de la línea (la orografía del pueblo tiene un gran desnivel, de más de 200 metros en algunos), por lo que «haría añicos» paredes de bancales y otras construcciones agrícolas, por ejemplo. Una opción, la del soterramiento, que la firma en cuestión ha descartado por ahora.
Poco podemos hacer ya si la MAT ha recibido el visto bueno, pero me gustaría que también notificaran los avances del proyecto a los ayuntamientos afectados
En Benassal, su compañera de partido, Mari Luz Monterde (PP), no se considera ni «a favor ni en contra» del proyecto, ya que admite que «la luz tiene que pasar por algún sitio» para que todos la puedan consumir, y reconoce que una vez la MAT ha conseguido el visto bueno del Gobierno, «nosotros poco podemos hacer ya», aunque remarca que «estaremos en todo momento al lado de los propietarios».
Además, recalca que el proyecto «debe hacerse bien» y lamenta que los consistorios sean de los últimos en enterarse de los avances del proyecto. «Deberían notificárnoslos también, ya que al fin y al cabo somos los principales afectados», recrimina.
Reclamamos algún tipo de compensación al no poder obtener nada por la licencia de obras, ya que la empresa está exenta
Mientras, en Vilafamés, el socialista Abel Ibáñez, que pone en valor que REE ha escuchado las peticiones del Ayuntamiento y han conseguido que la compañía cambiara el trazado proyectado en un principio para que se aleje del casco urbano, pide a la empresa algún tipo de compensación a costa de acoger las torres.
«Ya que no podemos recibir nada por la licencia de obras (al ser un proyecto de interés general avalado por el Gobierno, la empresa está exenta de ese pago), nos gustaría una contraprestación en forma de fondos o acometer una actuación o un proyecto para mejorar el pueblo», apunta el alcalde, tal como la firma ha hecho en otros puntos de la provincia a lo largo de este tiempo.
El término de Vilafranca se ve afectado de manera tangencial, no somos el municipio con mayor impacto
En Vilafranca, la alcaldesa, Silvia Colom (PSOE) expone que el término municipal de la localidad «se ve afectado de manera tangencial» por la MAT, ya que no son la población que sufrirían un «mayor impacto» con la construcción de las nuevas torres.
En ese sentido, la munícipe añade que se suma a «la postura que expresaron los alcaldes socialistas de todos los pueblos afectados», que recientemente celebraron una reunión telemática en la que pidieron soluciones adaptadas a las necesidades del territorio.
De forma paralela, municipios como Cinctorres o Morella también se ven afectados por las líneas de evacuación de los parques eólicos.
Ojalá las administraciones obligasen a las empresas a unificar las líneas, no haría falta construir tantas torres
Desde Cinctorres, la primera edila, Mireia Mestre (Agrupació per Cinctorres), ya aseguró que «pagamos justo por pecadores», ya que considera que «los beneficios se los llevarán las ciudades la costa, ya que aquí solo comportará perjuicios».
«Ojalá las administraciones apostasen decididamente por el territorio y obligasen a las empresas a unificar líneas, nos evitaríamos mucho impacto y no sería necesario construir tantas torres», reivindica.
Siempre hemos insistido en la importancia de aprovechar la infraestructura existente para evitar nuevos impactos
Por último, en Morella, localidad en la que finalizaría la línea de muy alta tensión al conectarla con la subestación eléctrica de Fraiximeno, el alcalde, Rhamsés Ripollés (PSOE), ya recalcó que han estado y estarán al lado de los municipios que tendrán «una mayor afectación y hacemos nuestras sus demandas».
«Siempre hemos insistido en la importancia de aprovechar las instalaciones que hay para evitar nuevos impactos», concluye.
