Aunque la incertidumbre sobre el futuro de las casetas de Torre la Sal lleva semanas acaparando y moldeando la agenda pública, Cabanes y el controvertido expediente que pone en peligro la pervivencia de las históricas viviendas de su poblado marítimo encaran unos días que se antojan decisivos para el devenir de la zona y saber si el derribo implícito con el que amenaza Costas continúa adelante.
1 - La ministra da este martes explicaciones en el Senado
Al margen hasta ahora de la polémica, el conflicto de Torre la Sal llega esta tarde (a partir de las 16.00 horas) al pleno del Senado, donde está previsto que intervenga la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (de cuya cartera depende la Dirección General de Costas) y dé explicaciones sobre las intenciones concretas que tiene el Gobierno, tras notificar a los propietarios que quiere recuperar para el dominio público el suelo que ocupan sus viviendas.
Es una pregunta que le formulará Compromís y cuya respuesta servirá para arrojar algo más de luz sobre el expediente en cuestión.
2 - Esta semana acaba el plazo de alegaciones
Después de que la alcaldesa, Virginia Martí, consiguiera ampliar cuatro días más (de 8 a 12) el periodo de alegaciones tras reunirse la semana pasada en Madrid con Costas, el Ayuntamiento y los vecinos trabajan a marchas forzadas para termina de presentar las objeciones pertinentes, puesto que el plazo finaliza esta semana.
Unas reclamaciones que no han estado exentas de discrepancias entre residentes y consistorio, ya que los propietarios pedían que el gobierno local incluyera el mismo texto en sus alegaciones, algo que, como Administración, el Ayuntamiento decía que no podía hacer. Además, los vecinos criticaban que el ejecutivo diera por supuesto la existencia del deslinde, un aspecto que niegan los vecinos.
3 - Un expediente «extraño» a ojos del Consell
Más allá de suscitar recelo entre los afectados, el Consell considera que es «extraño» el expediente. Es la opinión del director general de Urbanismo, Vicent García Nebot, que recuerda que, en 1983, Cabanes aprobó un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), «con el beneplácito del Gobierno», que daba validez al «núcleo consolidado» de Torre la Sal. Por eso, no entiende que ahora Costas «vaya en contra de sus propios actos» y vea problemático algo a lo que le dio el «visto bueno» en su momento.
Recalca que el deslinde ratificado a principios de los 90 establece que las viviendas no están en dominio público, como sí defiende Costas y, de hecho, aunque lo estuviesen, «hay que tener en cuenta que las construcciones asentadas sobre suelo del Estado no son del Estado», por lo que los vecinos «no podrían perder sus casas así como así». En ese caso, «la Administración tiene responsabilidades, de modo que como mínimo tendría que indemnizarles», opina, si bien cree que «no se llegará al extremo del derribo».
4 - Más de 9.000 firmas y romería de barcos
Con el futuro de sus casas en juego, los vecinos impulsaron una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para salvar Torre la Sal y evitar la amenaza que sobrevuela del derribo, que afectaría a unas 70-80 viviendas (no solo a las de primera línea de playa) y un centenar de familias. Ya superan las 9.000 rúbricas ahora mismo.
Asimismo, para visibilizar y hacer sonoro su descontento, el próximo 5 de junio impulsan, con la colaboración del Real Club Náutico de Castellón, una singular manifestación que consistirá en una romería de barcos, que acompañarán con el uso de bocinas.
5 - Viviendas con más de un siglo de historia
Aunque el origen del expediente se remonta a octubre de 1975, cuando el Gobierno aprobó, apoyándose en una ley preconstitucional, una orden ministerial que, supuestamente, aprueba el deslinde objeto en cuestión, las edificaciones que se asientan sobre ese suelo arrastran muchos más años de historia, siendo algunas de ellas centenarias, por lo que cuando esa medida vio la luz ya había decenas de casas afincadas allí y formando un núcleo consolidado.
6 - Sin concesión en vigor
Viendo la forma de proceder del ministerio al amparo de la Ley de Costas, el catedrático José Cristóbal Serra Peris, de la Universitat Politècnica de València (autor del informe sobre el estado del litoral de Almassora que le encargó el Ayuntamiento), cree que llegar al derribo sería una opción «más que viable» a tenor de los precedentes, ya que ya ha obrado así más de una vez, por lo que no sería la primera vez que se llega al punto de que la maquinaria irrumpa en una zona a demoler casetas marítimas.
Según trascendió tras la reunión en Madrid, Costas se ha fijado en Torre la Sal al ser el único poblado que permanece hoy en día sin concesión, caducando el plazo para solicitarla en el año 2019.
