Peñíscola fue ayer escenario de un hecho, cuando menos, peculiar. El paseo marítimo de la ciudad amurallada acogió, con escasos metros de distancia entre ellos, a los comerciantes locales y a sus principales enemigos: los manteros, por los perjuicios que causan con su actividad al sector.
En esta ocasión, unos y otros salieron a la calle para ofrecer sus productos. Los primeros, lo hicieron en la Feria Botigues al Carrer, que organiza la Asociación de Comerciantes de Peñíscola (ACP). De 10.00 a 22.00 horas, los establecimientos locales pusieron a la venta una amplia y variada gama de artículos de moda, decoración, playa o complementos. Una oferta que cuenta con todos los permisos, requisitos legales y garantías para su venta, en clara oposición con la de los manteros, que son el ejemplo patente de la venta ambulante no regulada. «Intentamos sacar nuestros negocios adelante con trabajo y esfuerzo, de forma honrada, y el top manta no solo nos perjudica directamente, sino que afea la imagen de Peñíscola», aseguran los comerciantes, a la vez que instan a las autoridades competentes en la materia a «que disponga los medios y efectivos necesarios para neutralizar la venta ilegal».
Implicación
En la misma línea que los comerciantes y manifestando su apoyo al sector, se expresó el alcalde, Andrés Martínez, que reivindicó, por enésima vez, la colaboración y el compromiso del Gobierno «para acabar con esta lacra que tanto daño hace a la economía de muchas familias». Además, hizo hincapié en el hecho de que «los ayuntamientos no tenemos las competencias ni los recursos para poner coto a un fenómeno que escapa a nuestro control y que precisa de una regulación específica a gran nivel».
Esta misma semana, el munícipe trasladó su preocupación sobre el tema a la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, y pidió la colaboración de los cuerpos de seguridad. Cabe recordar que el Sindicato Profesional de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunitat criticó a la delegada de Gobierno de la Comunitat, Gloria Calero, por afirmar que el control de la venta ilegal «es una competencia municipal y corresponde a las policías locales esta vigilancia» y denunció su «grave desconocimiento» de esta problemática.
