Acciona asume el reto de sacar más provecho a la desaladora de Orpesa-Cabanes, que también presta servicio a Benicàssim, ya que se encargará del mantenimiento y conservación de la planta, que tiene una capacidad de tratamiento de 48.700 m³ al día, ampliable hasta un máximo de 130.000 m³.

La empresa ha firmado ya el contrato, adjudicado por Acuamed, organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por valor de 3,4 millones de euros y una duración de dos años, prorrogable por otros dos. 

Acciona operará también la red de distribución del agua desalada, lo que permitirá el suministro a los municipios de Cabanes, Benicàssim y Orpesa, lo que, según la firma, «supone el abastecimiento a más de 150.000 habitantes». Unas tareas que, según la adjudicataria, «se harán bajo los más exigentes estándares medioambientales y de sostenibilidad». 

Reacciones

Cabanes fue el último de los tres municipios en conectarse a la desaladora y, desde hace tres semanas, ya recibe este agua, según explicó la alcaldesa, Virginia Martí, tras las negociaciones del nuevo convenio con Acuamed. «Ya se suministra en Torre la Sal, donde tenemos los edificios, el poblado y cámpings; y se prevé ampliar al resto de la Ribera. No obstante, tenemos los acuíferos preparados por si en algún momento falla la desaladora», dijo.

«Desde hace tres semanas que ya estamos recibiendo el agua desalada en la parte de Torre la Sal de Cabanes»

Virginia Martí - Alcaldesa de Cabanes

Orpesa lleva más tiempo recibiendo agua desalada, concretamente desde el verano del 2019. Y la que llega a las casas es 100% desalada, a excepción de las urbanizaciones del sur, Torre Bellver, Colomera y Platgetes. En esta zona queda pendiente «desarrollar las infraestructuras necesarias para conectar desde el casco urbano», destacó la alcaldesa, Araceli De Moya, quien avanzó que «los trámites se están ultimando e intentar reivindicar que esta agua sea menos cara para los ciudadanos».

«Vamos a reivindicar que sea menos cara para los ciudadanos y trabajamos para que también llegue a la zona sur del municipio»

Araceli de Moya - Alcaldesa de Orpesa

En el caso de Benicàssim, únicamente se hace uso de esta agua «en momentos puntuales como el verano, cuando aumenta la población. Y vamos a continuar con lo que tenemos conveniado, comprando solo la que necesitemos, ya que contamos con acuíferos propios», según señaló la alcaldesa, Susana Marqués. «Ya les advertimos que no podíamos asumir la cantidad que pedía el convenio anterior, porque se firmó en situación de crecimiento urbanístico y finalmente no se desarrolló el PAI Benicàssim Golf», recordó.

«Seguiremos comprando solo la que necesitemos en momentos como el verano, porque tenemos nuestros acuíferos»

Susana Marqués - Alcaldesa de Benicàssim

15 años de un proyecto a medio gas 

La desaladora de Moncofa presta servicio a municipios del sur de la provincia de Castellón. MEDITERRÁNEO

El origen de las dos desaladoras de Castellón se remonta al 2006, cuando Cabanes-Orpesa y Xilxes-Moncofa firmaron el convenio con Acuamed, impulsado por la entonces ministra de Economía, Cristina Narbona. Previamente, en el 2004, nacía la iniciativa con el plan Agua, que preveía 15 plantas en el Mediterráneo y Andalucía. Fue en el 2008 cuando Benicàssim se sumó al acuerdo, pendiente de proyectos urbanísticos inacabados, como el PAI Golf benicense. Ambas desaladoras costaron 106 millones de euros (55,5 millones la de Orpesa y 50,8 millones la de Moncofa). El Gobierno justificó su ejecución por una «mayor eficiencia en el consumo y mejor calidad».

En cuanto a la planta de la zona norte, las alcaldesas de Benicàssim y Orpesa, Susana Marqués y Araceli de Moya, ayer volvieron a insistir en su reivindicación de que sea el Ejecutivo central el que se encargue de asumir los costes de construcción de la infraestructura, como se ha hecho en otras comunidades autónomas.

Y es que, según denuncian, son millones de euros que ahogarían a sus ayuntamientos y que además conllevarían un aumento de los recibos del agua de sus vecinos. Por lo que seguirán luchando para conseguir que sea el Estado el que asuma la amortización de la obra. Todavía queda un año para concluir el convenio, más dos de prórroga.