La inacción del Gobierno central al eludir «por ahora» asumir el coste de las desaladoras de Castellón contrasta con las recurrentes y firmes peticiones de los municipios afectados, que instan ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a aprovechar la inyección de fondos europeos de recuperación para atajar el conflicto y sufragar la amortización de las instalaciones.
Esta nueva vía permitiría atender la reivindicación de munícipes, tanto populares como socialistas, para aliviar a los consistorios que ven como se acerca el plazo de vencimiento de los acuerdos transitorios vigentes y llega el momento de realizar una aportación anual que en algunos casos comporta cuantías millonarias.
Una situación en la que se encuentran poblaciones como Cabanes, Orpesa y Benicàssim, en el norte de la provincia, y Moncofa o Xilxes, en el caso de la infraestructura ubicada en el sur, aunque allí no se habrían completado todavía las canalizaciones.
Sentarse a negociar
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués (PP), es una de las que advierte de la problemática que supondría abonar un millón de euros cada año desde las arcas del municipio: «Estamos en la recta final del acuerdo transitorio, que finaliza en el 2023, cuando se supone que deberíamos abonar un millón de euros durante 25 años, que de una forma u otra acabará repercutiendo en el ciudadano por desgracia», señala, a la vez que reclama «sentarse ya a negociar los convenios para que se adapten a las necesidades reales que tenemos», pues el texto inicial que compromete a esta consignación contempla valores fijados incluyendo proyectos urbanísticos que finalmente no se materializaron, como Benicàssim Golf.
«El ejecutivo puede recurrir a los fondos europeos de recuperación si tiene voluntad y es lo que tiene que hacer, ya que al final es un bien general, que sí sufragó en Cataluña», añade Marqués.
La socialista María Jiménez, primera edila de Orpesa, insiste en que «aunque las plantas ya se financiaron en su momento para construirlas con fondos europeos, ahora la aportación para la recuperación puede ser una oportunidad, ya que al final se soluciona un problema como el abastecimiento hídrico».
La munícipe aboga al mismo tiempo a trabajar para «sacarle el máximo partido posible» e insiste en buscar el consenso entre Gobierno y consistorios ante la gran cantidad de millones que deberían asumir de aplicar el convenio inicial firmado con Acuamed. Desde Cabanes, Virginia Martí (PSPV) comparte que «si fuera posible, los fondos europeos son una buena oportunidad para resolver la cuestión de la amortización».
En red
Una opción que también ve con buenos ojos el alcalde de Moncofa, Wences Alós (PP), quien hace hincapié en la necesidad de que el ministerio corrija su planteamiento actual: «Pretenden que las localidades se conecten, paguen las obras de canalizaciones y todos los derechos consuman o no, lo que desincentiva el uso por nuevos municipios», poniendo sobre la mesa la posibilidad una vez más de recurrir a la inyección de fondos para incluir este tipo de intervenciones, ampliar la red de abastecimiento de estos espacios y así reducir los costes. Peticiones todas ellas que seguirán sobre la mesa a la espera de la decisión llegada desde Madrid.
