Las cámaras de videovigilancia móvil se han convertido en las principales aliadas del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó frente a la grave problemática de vertidos ilegales que sufre la ciudad. Una vez más, la Policía Local ha podido identificar a los autores de hasta dos abandonos de voluminosos en lugares distintos del casco urbano. De esta forma, se da cumplimiento a la advertencia municipal: ante la falta de civismo, iban a aplicar mano dura desde el punto de vista de las sanciones.
El gobierno local no oculta la situación. El hecho de tirar trastos en la vía pública está siendo complicado de controlar, a pesar de las numerosas campañas informativas sobre el servicio gratuito de recogida domiciliaria de estos residuos. Con la intención de seguir apelando a la conciencia y colaboración ciudadana, en el nuevo contrato de gestión de la basura se ha negociado ampliar este aspecto con una brigada más, que incluye operarios y un nuevo vehículo, de manera que se pueda responder con mayor agilidad a las peticiones de los usuarios.
Gestión incorrecta
Pero parece probado que el problema no lo genera quien no sabe o no puede deshacerse de artículos que ya no necesita. Quienes realmente están tras este quebranto de la normalidad son, mayoritariamente, quienes se dedican al vaciado de establecimientos o viviendas de manera fraudulenta, sin declarar impuestos por su actividad, y por lo tanto no pueden depositar los residuos en los espacios legales habilitados para las empresas.
El caso más reciente ha sido identificado por la Policía Local gracias a las cámaras móviles instaladas aleatoriamente en las zonas más sensibles. A través de ellas han podido sancionar a dos personas que hicieron hasta dos vertidos distintos. Ya en el mes de mayo pillaron a una empresa que había realizado otro vertido de grandes dimensiones en un solar cercano al barrio Carmaday, tras una investigación policial.
Si bien los vertidos ilegales siguen apareciendo -hace apenas 15 días la Concejalía de Sostenibilidad anunció la retirada de más de 19.000 kilos de voluminosos en el polígono Imepiel-, la intensificación de la vigilancia está dando resultados y esa es la línea que el Ayuntamiento pretende mantener hasta que pueda controlarse esta grave problemática de seguridad ciudadana y salubridad.
Fuera de control
Especial preocupación genera en el equipo de gobierno que esté siendo tan difícil de erradicar la costumbre de sacar este tipo de basura a la calle a principios de mes -una medida autorizada en su día por el propio Ayuntamiento, en principio para facilitar a los vecinos deshacerse de los trastos-, aunque desde marzo del 2020, coincidiendo con la declaración del estado de alarma, está prohibido. Pese a esta circunstancia, el concejal de Sostenibilidad, Fernando Daròs, explicó recientemente que, solo entre julio y diciembre del 2020, la empresa concesionaria llegó a retirar de la vía pública una media de 590 vertidos ilegales al mes, frente a los 282 que se realizaron de manera controlada, con el servicio de cita previa que se ha establecido.
El cómputo global de intervenciones es mucho más llamativo. Hasta 3.540 veces en seis meses tuvieron que destinarse recursos públicos para eliminar los puntos de vertido urbanos realizados por vecinos. Daròs afirmaba la semana pasada que cada año el municipio debe gastar del orden de 10.000 euros para limpiar puntos ilegales de abandono de trastos, basura o escombros, a lo que habría que añadir el coste que supone intensificar el servicio de la empresa de recogida de residuos urbanos.
En definitiva, aunque el objetivo principal es impulsar campañas de concienciación e información para acabar con esta situación, ante la falta de colaboración ciudadana, seguirán intensificando la intervención policial.
