El Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha notificado hoy mismo al Ayuntamiento de Cabanes la resolución a las alegaciones presentadas por el propio consistorio para mantener en pie las casas del poblado de Torre la Sal. Una resolución de Costas que ha pasado por no admitir los argumentos municipales. Una decisión que, por tanto, mantiene la amenaza de derribo de estas viviendas, algunas de las cuales datas de un siglo atrás.

La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, ha mostrado su «total disconformidad ante la contestación administrativa realizada por Costas», al no admitir los alegatos del consistorio; a la vez que anuncia que «el equipo de gobierno va a continuar luchando al lado de los vecinos para que se regularice la situación de Torre la Sal». «Llegaremos hasta donde haga falta», sentencia la munícipe.

Martí reconoce que, lamentablemente, «sabíamos que esta respuesta podía llegar, ya que existe una sentencia firme del Tribunal Supremo del 2003 que deja claro que el poblado de Torre de la Sal se encuentra dentro del dominio público, por ello hemos estado estudiando todas las vías administrativas y legales posibles, por si llegaba este momento».

Expediente complejo

Sin embargo, la primera edila deja claro que «esto no significa que se vayan a tocar estas viviendas;estamos ante un expediente administrativo y jurídico complejo y lo que no se puede es hacer afirmaciones simplistas con el único objetivo de alarmar a la ciudadanía. El objetivo de este expediente es cumplir con la ley y acabar con una situación muy irregular que se ha arrastrado durante 18 años, ya que cuando el Tribunal Supremo ratificó el deslinde en el 2003 debería haberse iniciado un proceso de regularización de estas casas que no se llevó a cabo, sin que nadie sea capaz de dar una explicación al respecto, lo que nos ha llevado a la situación actual».

En este sentido, Martí hace hincapié en que «los vecinos de Torre la Sal tienen derechos sobre sus viviendas y por ello se abren una serie de vías jurídicas que estudiaremos para ver cuál es la más beneficiosa para todos los afectados». Y añade: «Desde el consistorio no vamos a parar de trabajar hasta encontrar la mejor solución y estamos al lado de los residentes, como siempre lo hemos estado ».

La alcaldesa, que ha trasladado personalmente a los afectados la contestación de Costas, anuncia que ya ha solicitado una reunión urgente con la delegada del Gobierno en la Comunitat «para explorar todas las posibilidades».

Reacción del PP

El Partido Popular de Cabanes ha reclamado a la alcaldesa, la socialista Virginia Martí, que «sea honesta y clara con los propietarios del poblado marítimo de Torre la Sal, a los que da esperanzas mientras su partido, el PSOE, en Madrid, ratifica la orden de derribo».

La portavoz popular, Ana Obiol, opina que «lo mínimo que merecen los afectados es saber la realidad del trámite incoado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra sus viviendas». Y añade que «esta confiscación merece que los gobernantes sean claros y no generen falsas expectativas», porque «los afectados están sometidos a un estrés e inseguridad absolutas que no merece nadie».