Orden de desahucio para 71 familias de un municipio de Castellón: "Es injusto, quieren echarnos"

“Es injusto. No nos han dado la oportunidad de presentar la documentación. Querían echarnos”. Es el sentir mayoritario de las familias afectadas de un inmueble de la calle Maestro Roca 13 de Peñíscola, que han recibido una orden de desahucio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs a raíz de una denuncia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Una treintena de las 71 familias que han recibido esta orden se han concentrado este lunes ante el Palau de Justícia de Vinaròs para reclamar más tiempo para presentar la documentación necesaria que justifica que disponen del contrato de alquiler, las facturas de suministros correspondientes y el certificado de empadronamiento. Tan solo cinco de estas familias se “salvan” de este desahucio según esta resolución judicial, que dicta que “es firme y contra la misma no cabe recurso alguno”. 

Los habitantes de este bloque se sienten "desamparados por la Justicia", pues aseguran que no se les ha dado la oportunidad de presentar la documentación necesaria en ningún momento, porque no les fue solicitada.  

“Somos gente con contrato de alquiler que llevamos años viviendo en este edificio. En mi caso, el contrato me lo hizo una empresa y al cabo de un tiempo otra empresa informó que se le tenía que pagar a ella. Así lo hice, y un poco más tarde me enteré de que todo estaba en juicios y que en algún momento pasaría a ser del Sareb, pero que mientras estuviéramos ahí viviendo y pagando, los inquilinos tendríamos derecho a poder adquirir la vivienda”, explica Laura Llopis, una de las afectadas.

Hace un año, explica, los vecinos recibieron una citación para llevar al juzgado el contrato de alquiler. "Acudimos todos y lo presentamos. El pasado mes de mayo nos llegó otra citación para presentarnos al juzgado aportando de nuevo el contrato de alquiler. Cuando llegamos preguntamos el porqué y nos dijeron que era para demostrar que estábamos viviendo allí. Preguntamos si teníamos que acudir con abogado o traer alguna documentación más, y nos dijeron que no. La sorpresa llegó la semana pasada, cuando recibimos otra carta que indica que ha salido una sentencia y nos vamos todos a la calle y que la próxima notificación será para informarnos del día que nos tenemos que ir”. 

Laura considera totalmente injusto que no se les hubiera informado correctamente de la documentación a aportar, algo que sí hicieron los cinco inquilinos que no serán desahuciados. “Estas personas son propietarias o inquilinos que aportaron con un abogado toda la documentación como empadronamiento, facturas de luz, etc. Documentación que en ningún momento nos han pedido, no nos han dado la opción de presentarla y de la que disponemos todos, por lo que está claro que lo que querían era echarnos a la calle”, subraya Laura. 

Encontrar otro piso, con alquileres más altos, "es inasumible"

Para Laura, encontrar otro piso en Peñíscola en el caso de que fueran desahuciados es muy complicado. “Los pisos que se pueden encontrar cuestan entre 800 y 900 euros de alquiler mensuales y los que son más baratos tienes que irte en verano. Para muchas familias esto será inasumible”, señala. 

Por ello, dice, “pedimos que nos den un plazo de tiempo para poder presentar toda la documentación que pidan, y de la que todos disponemos. Queremos que nos respeten el contrato, porque lo estamos cumpliendo”. 

Representación de un abogado

Estas familias no disponen todavía de un abogado común. “Ha sido todo muy rápido y ahora vamos a buscar un abogado que nos represente a todos, y ver si es posible paralizar este proceso y nos den la oportunidad de presentar todos los papeles que recalco que en ningún momento antes nos han pedido”. 

Los vecinos entraron este lunes al juzgado para reivindicar este aplazamiento y constatar si en su caso ha habido alguna negligencia. 

Testimonios

Estefanía Sosa, explica el caso de su madre, inquilina del bloque. “Mis padres alquilaron el piso en diciembre de 2020. Mi padre falleció en mayo y mi madre sigue viviendo en el bloque. Hemos presentado el contrato de alquiler porque fue lo único que nos solicitaron en el juzgado. Traje mucha más documentación, entre ellas facturas de luz, agua y empadronamiento, pero me dijeron que no era necesario. Y ahora nos dicen que nos echan. No es justo”. 

 Mari Nieves Angulo y Aurelio del Río forman un matrimonio que explican que lleva "siete años viviendo con contrato de alquiler". "

Lo hemos comprado todo para esta vivienda. Yo vivo en un cuarto y cuando cortaban la luz de la escalera del bloque porque la empresa no pagaba el suministro, no me lo podía permitir, porque mi madre estaba hasta hace dos años en silla de ruedas y no podía bajar sin el ascensor. Siempre hemos pagado el contrato, primero a una empresa y luego a otra. Ahora estamos perdidos, porque no sabemos qué hacer”. 

La presión social frustra el desahucio de dos septuagenarios en Castelló