Mazón insta a los municipios a ceder suelo para construir 10.000 viviendas

Fue una de las principales promesas durante la campaña electoral y ayer Carlos Mazón lo volvió a reafirmar. El presidente de la Generalitat quiere que esta sea la legislatura de la vivienda pública, y se pone como objetivo la construcción de nada menos que 10.000 en el conjunto de la Comunidad Valenciana para lo que ya llama a los ayuntamientos a movilizar suelo público.

Así lo aseguró ayer en una visita realizada a San Vicente del Raspeig, donde destacó que ya se están manteniendo conversaciones con los ayuntamientos para que pongan a disposición de la Generalitat suelo público con el que poder desarrollar esta ambiciosa iniciativa. Todo en el marco de un plan más amplio, en el que se incluyen rebajas fiscales y una modificación de diversas normativas que sirva para agilizar y dar viabilidad a este proceso.

Mazón avanza que desde este año será más fácil abrir un negocio o tramitar un expediente

En este sentido, Mazón ofreció colaboración a todos los ayuntamientos para movilizar suelo público en el que se puedan acometer los proyectos, así como para que definan las tipologías de viviendas que resultarían más adecuadas para sus respectivos municipios, bien en compra o alquiler asequible. El jefe del Consell destacó que la vivienda pública ha dejado de ser política económica para convertirse en un derecho social, subrayando, además, que el objetivo «es facilitar el acceso en condiciones asequibles para quienes más lo necesitan».

Así, recordó que la Generalitat está actualizando su política en la materia, y que también ha aprobado una reforma fiscal que incluye la rebaja de un 25 % del impuesto de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años y otros colectivos vulnerables. También añadió que la Generalitat tiene previsto, a medio plazo, impulsar una nueva ley de vivienda autonómica que permita aglutinar en un único texto toda la legislación vigente. 

Cambios en normas 'botánicas'

Sin embargo, y mientras esto sucede, se está procediendo a revisar aquellas normativas que se considera más urgente modificar. El primer paso fue la paralización del decreto aprobado por el Botànic dos días antes de las elecciones, en el que fijaba las normas de diseño y calidad en la construcción. Lo que se persigue es retocarlo, al considerarse, tanto desde el sector como desde el actual ejecutivo, que está lleno de prejuicios y fuera de la realidad.

Moreno invita a Page a una cumbre con Mazón y López Miras sobre financiación

Pero ahí no va a quedar la cosa. Según explican fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, también se está trabajando en la revisión de otros dos decretos. Uno de ellos es el reglamento de las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Tal y como destacan fuentes del sector de la construcción, una de las medidas que están encima de la mesa es que las rentas medias puedan acceder a las viviendas protegidas. Los constructores, además, destacan que también sería necesario aumentar los precios de venta, que en la actualidad son de 2.200 euros el metro cuadrado en la promoción privada y de 1.530 en la promoción pública.

El otro decreto que se encuentra en fase de revisión es el de tanteo y retracto, que permite a la Generalitat ejercer este derecho en la venta de viviendas protegidas. Lo que preocupa es el esfuerzo burocrático y de personal que se está dedicando al cumplimiento de esta norma, lo que está contribuyendo a la saturación de los servicios territoriales de Vivienda, con el consiguiente retraso en la tramitación de expedientes.

Suscríbete para seguir leyendo