Francis Puig asegura que la casa de su hermano está dada de alta como centro de trabajo València

Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, ha asegurado que la vivienda de su hermano Jorge en la localidad turolense de Peñarroya, cuyas facturas de alquiler aportó para justificar la recepción de subvenciones, está dada de alta como centro de trabajo.

Según ha podido saber EFE a través del letrado de Francis Puig, la vivienda está dada de alta como centro de trabajo "por tres vías": tiene licencia municipal de actividad, acta censal en Hacienda y en la Generalitat Valenciana.

Los agentes de la Guardia Civil que han investigado las facturas con las que Francis Puig justificó ayudas recibidas por el anterior Consell para el fomento del valenciano creen que incluyó -de forma injustificada- entre los gastos subvencionados el alquiler de una vivienda de su hermano Jorge Puig en la provincia de Teruel.

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Esta conclusión consta en el informe que el equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un supuesto fraude en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del expresident desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón.

El referido informe concluye que entre las facturas aportadas por empresas controladas por Francis Puig para justificar las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana se incluyeron las relativas al pago del alquiler del chalé de Jorge Puig -otro de los hermanos del expresident Ximo Puig- en la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel).

Los agentes de Delitos Económicos de la Guardia Civil se desplazaron hasta este domicilio -que encontraron deshabitado- y constataron la ausencia de rótulo alguno o elementos técnicos que justifiquen que fuese la sede de una empresa de televisión.

Sobre este asunto, el representante legal de Francis Puig ha explicado a EFE que se trata de un error y ha añadido: "parece evidente que los agentes de la Guardia Civil no han visto la documentación que se les remitió" sobre la adecuación legal de la referida vivienda como centro de trabajo de una productora de televisión.

Este letrado ha advertido asimismo que el referido informe de Delitos Económicos al que ha tenido acceso carece de apartado de conclusiones, como es habitual, y hace referencia a varios anexos de los que no se les ha dado traslado.

Por ello, ha preguntado al juzgado si existe alguna otra documentación a la que no haya tenido acceso y ha pedido 60 días para revisar el referido informe, que tiene 446 páginas.

La investigación judicial nació de una querella presentada por el PP y constan como investigados Francis Puig y el empresario Juan Enrique Adell y las empresas Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat y Kriol.

En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.