La teoría está clara y Castellón, además, lo tiene todo para vivir su particular fiebre del oro solar. La energía fotovoltaica va a ser la pieza clave para mitigar el cambio climático, acabar con la dependencia de combustibles como el petróleo o el gas y bajar la factura de la luz. Hay que cumplir con los objetivos europeos para 2030 y eso ha desatado una carrera sin precedentes por la instalación de parques solares en la Comunitat. Solo en Castellón hay previstos 64 nuevos parques solares que generarán una potencia de 831,22 megavatios (MW), mientras que en el conjunto del territorio valenciano son más de 400 los proyectos en trámite. El problema es que la avalancha de iniciativas es tan grande que la administración valenciana, la encargada de dar vía libre a los huertos de menos de 50 MW (a partir de esa cifra la competencia es del Ministerio de Transición Ecológica), está colapsada por lo que buena parte de los huertos proyectados en Castellón no verán la luz hasta finales del 2023 o principios de 2024.
Pese a que la Generalitat Valencia publicó en agosto del 2020 un decreto con el objetivo de impulsar las energías renovables y agilizar los trámites, el cuello de botella existe. Y la prueba del algodón es que hay proyectos como el de la empresa NRG Investment (invertirá 17 millones de euros en una planta solar de hasta 23 megavatios en Sant Jordi) que tras cinco años en trámite debían empezar a ejecutarse a mitad de este año para entrar en funcionamiento el próximo diciembre y que se van a retrasar seis meses. «La administración está colapsada ante el incremento de instalaciones de este tipo contempladas en el territorio valenciano», apunta Marcos Lacruz, presidente de NRG Investment y también máximo responsable del clúster de las tecnologías limpias en la Comunitat.
Avales millonarios
Los 64 parques solares previstos en Castellón deben tener sí o sí la declaración de impacto ambiental como muy tarde en abril del 2022. «Hay una cantidad muy grande de proyectos en marcha y la carrera es a contrarreloj. La administración está saturada pero si se llega a esa fecha sin la declaración de impacto, aunque esta sea negativa y haya que rehacer el proyecto, sería un cataclismo, ya que los promotores perderían los puntos de conexión y los avales», argumenta Marcos Lacruz.
Para evitar la práctica especulativa de solicitar al peso una determinada cantidad de megavatios para volcar en una subestación eléctrica sin tener todavía el proyecto de planta solar en marcha, la ley obliga a las promotoras a presentar un aval de 40.000 euros por cada megavatio. En la práctica, y según los responsables de varias empresas, eso significa que, de no llegar a tiempo, hay empresas que podría llegar a perder más de 800.000 euros. «En el sector hay incertidumbre. La administración se llena la boca hablando de la importancia de las energías renovables, pero a la hora de la verdad no es lo suficientemente ágil y eso que nos consta que las distintas consellerias implicadas están haciendo un esfuerzo por tramitarlo todo con la mayor diligencia posible », aseguran en varias promotoras.
Una vez resuelta la declaración de impacto ambiental, el siguiente trámite es la autorización administrativa de construcción, cuyo expediente puede prolongarse perfectamente durante doce meses. «Es el último paso administrativo antes de comenzar la construcción del parque, cuyo plazo de ejecución suelen ser de entre seis y ocho meses», describe el presidente de la patronal valenciana Avasen.
Línea de trabajo
El colapso existe y desde la patronal valenciana se ha creado una línea de trabajo con la Conselleria de Economía para intentar agilizar los trámites. «La avalancha de solicitudes para instalar plantas es tran alta que ordenar y agilizar todo el proceso no es fácil. No obstante, queda trabajo por hacer y se necesitan más funcionarios para tramitar todos estos permisos», añade Lacruz.
Los 64 parques solares que tramita la administración valenciana en Castellón (a esta cifra hay que añadir al menos otra decena de megaplantas cuyo ok depende del Ministerio dado que cada una de ellas supera los 50 MW de potencia) se extienden por prácticamente todas las comarcas de la provincia, aunque la palma se la llevan Vall d’Alba, con diez instalaciones y la zona entre Vilanova d’Alcolea y Benlloch, con otras ocho plantas en trámite. Además, la inmensa mayoría de los 64 huertos proyectados son de pequeño tamaño (de entre 4 y 5 MV de potencia).
