Reunión en la Moncloa
Pere Aragonès, tras verse con Pedro Sánchez: "En la próxima mesa debe haber resultados"
El 'president' prioriza los acuerdos sobre la desjudicialización y da por bueno el compromiso de Sánchez de ir "hasta el final" en cuanto al espionaje
Xabi Barrena
Gobierno y Generalitat han sancionado este viernes el fin de la congelación de las relaciones iniciada por la parte catalana tras la eclosión del ‘Catalangate’. Pedro Sánchez y Pere Aragonès han apartado la piedra de Pegasus de la senda de diálogo y abren una nueva fase. Sin solución de continuidad, porque el tiempo apremia, a finales de julio se realizara la tercera reunión de la mesa de diálogo y negociación. Y en esta, tal y como afirmó el ‘president’ tras reunirse con Sánchez “debe haber resultados”.
Ambos líderes dieron también su visto bueno al acuerdo marco metodológico de las relaciones entre gobiernos que supone, en la práctica, la extensión de garantías por parte del Ejecutivo de Sánchez de que no se repetirá el espionaje al independentismo. Además, según desveló Aragonès, Sánchez se comprometió a "colaborar con la justicia para aclarar los hechos, en todos aquellos procedimientos judiciales abiertos". Entre ellos, la propia querella presentada por el 'president', uno de los más de 60 independentistas espiados. Estas eran las condiciones mínimas exigidas por el Govern para pasar el asunto del espionaje a un segundo plano.
Restablecida la confianza, se retoma el diálogo. Y en la mesa de dentro de 15 días se priorizarán los acuerdos sobre la "desjudicialización" del conflicto. "Hay que empezar a abordar el fin de la represión mediante los primeros acuerdos parciales". Unos acuerdos que difícilmente abordarán, por ejemplo, al reforma del delito de rebelión y sedición, pero sí puede vincularse a la personación del Estado en las múltiples causas abiertas. "Los hechos deben empezar a producirse a partir de la próxima reunión, no solo palabras", insistió Aragonès, consciente de que la norma de las dos primeras reuniones, la simple foto de las delegaciones, ya no vale a estas alturas de la legislatura.
Y a pesar de que la prioridad ahora sea la desjudicialización, señaló Aragonès, "la cuestión de fondo, la voluntad democrática de los ciudadanos catalanes por decidir si quieren o no ser una república subyace" y deberá ser abordada. Pero no ahora, a seis meses de que acabe el periodo hábil de negociación, antes de la llegada del 2023 y su ciclo electoral.
Y es que ambos se reunieron con sus necesidades expuestas, porque el tiempo aprieta y ya no es momento de largas jugadas tácticas. El Gobierno precisa de un sustento parlamentario constante y confiable y de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (la inflación de dos cifras ha roto las expectativas). Y el Govern de Pere Aragonès necesita éxitos visibles (y de los que se pueda presumir) en la mesa de diálogo y negociación. Y, pese a que Pegasus les llevó a plantearse la ruptura de las relaciones, el fin abrupto de la mesa de diálogo solo hubiera dado la razón a los socios y enemigos de Junts per Catalunya, defensores, siempre, de la inutilidad de este foro de diálogo.
Con todo, en la rueda de prensa, Aragonès, en ejercicio de su rol institucional, desvinculó, de nuevo, ese nexo de unión entre los logros de la mesa de negociación y el acuerdo presupuestario, en contradicción por lo expresado por la secretaria general, Marta Rovira, de su fuerza en una entrevista a este diario, el pasado domingo.
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