El ex alto cargo de Ayuso que firmó los "protocolos de la vergüenza" dice al juez que no eran de obligado cumplimiento

El que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de covid, Carlos Mur, atribuye a los geriatras de las residencias de ancianos la responsabilidad en la aplicación de los protocolos de derivación a los hospitales que llevaban su firma y que, según ha manifestado este martes en un juzgado, no eran de obligado cumplimiento.

Así lo señalan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes presentes en la declaración del exdirectivo autonómico, que compareció en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, en relación con la querella presentada por ocho ciudadanos, asociados en la plataforma Pladigmare, por las muertes de sus familiares en dos residencias de la capital.

"Primero se negó su existencia, luego se afirmó que no se aplicaron y ahora se dice que los protocolos no eran de obligado cumplimiento", lamenta en declaraciones a este diario Andrés Ollero, abogado de las familias, tras concluir la declaración judicial.

No es la primera vez que Mur debe comparecer ante un juez por lo ocurrido en las residencias madrileñas. El pasado mes de marzo ya acudió como testigo a otro Juzgado de Instrucción de la capital, el número 9, donde apuntó a quien fuera su superior, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, como conocedor y responsable de la remisión a los hospitales madrileños los documentos cuya aplicación impidió la derivación de ancianos a los centros hospitalarios durante la pandemia de covid. 

El próximo día 7 deberá acudir de nuevo ante un juez, esta vez en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Villalba, para testificar en otra causa en la que están siendo investigados tanto Ruiz Escudero como la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

El juez Sexmero también ha escuchado este martes en calidad de testigo a dos médicas geriatras de los hospitales Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, que son los dos centros de referencia de las residencias investigadas en esta causa concreta. Se busca aclarar las circunstancias que rodearon a varias muertes registradas en las residencias Adolfo Suárez, situada en el distrito de San Blas, y Amavir en Arganzuela entre marzo y abril de 2020.

Según las mismas fuentes, las facultativas han sido preguntadas por cuáles habían sido los criterios de derivación de los usuarios de residencias durante estos días, si bien en sus manifestaciones se han limitado a señalar que en dichos momentos se practicaba una "medicina de guerra" por la ola brutal de casos de covid y que no podían recordar los casos concretos de los ancianos cuyo fallecimiento se investiga. Según su relato, se producían continuas llamadas telefónicas y no pudieron registrar todo lo que hicieron en ese momento.

Tras estas comparecencias, la acusación que representa a las familias espera que el magistrado llame a declarar a sus clientes para que relaten lo ocurrido con sus familiares en los centros, si bien el juez Sexmero ya ha advertido de que es muy probable que acabe inhibiéndose en favor de otro juzgado, el de Instrucción número 48 de Madrid, que ya tiene abiertas diligencias que van más avanzadas en relación con las mismas residencias.