Ribera contesta a Ayuso: su demanda vulnera la Ley de Aguas y no garantiza la biodiversidad de los ríos

El mismo día que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, escenifica el acuerdo con la Junta de Andalucía por la guerra del agua en Doñaña se le ha abierto otro frente relacionado con los recursos hídricos en Madrid. Este lunes a primera hora la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de querer "sitiar" la región con falta de agua y ha anunciado que el Gobierno autonómico ha presentado una demanda contra el Plan Hidrológico del Tajo ante el Tribunal Supremo. Pero la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica que capitanea Ribera no ha tardado en llegar: los planteamientos de Ayuso son contrarios a la ley.

En concreto, la demanda que se ha presentado a través del Canal Isabel II "vulnera", según explican desde el Ministerio, la Ley de Aguas que "obliga a un caudal ecológico en todas las masas de agua", siendo estos caudales "los garantes de la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en los ríos". Asimismo, señalan que es contraria a la "conservación del buen estado de las masas de agua que establece la Directiva Marco del Agua de la UE" y, por último, que ignora una sentencia del mismo Tribunal Supremo que anulaba varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo de 2015, es decir, el anterior al aprobado el pasado 24 de enero por este Gobierno, "porque no fijó caudales ecológicos suficientes".

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Argumentos de Madrid

En cambio, el Gobierno regional denuncia en la demanda presentada y a la que ha tenido acceso este periódico, que el actual Plan tiene un artículo que desde el equipo jurídico de la Comunidad entienden que es "discriminatorio" porque solo afecta a Madrid. Este es, por tanto, un nuevo frente que ha encontrado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su cruzada por defender Madrid del Gobierno de Pedro Sánchez. Este proceso se suma así a los doce procedimientos jurídicos que el Gobierno regional abrió contra el ejecutivo central en la pasada legislatura.

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El origen de esta demanda se encuentra en una nueva obligación que se ha incorporado con el Plan Hidrográfico del Tajo. El embalse de Valmayor es el segundo más importante de la región y su agua se utiliza para dar de beber a una parte importante de la población madrileña. Este embalse recibe agua del río Alberche a través del trasvase desde el embalse de San Juan. Y esto que el Canal de Isabel II hacía según los criterios legales existentes, explica la Comunidad, ahora solo puede hacerse mediante una autorización previa del Estado, que debe solicitarse con un mes de antelación, y que además, insisten en el Gobierno regional, solo se exige para a la movilización de los caudales entre estos dos embalses. Su petición, por tanto, es que se suprima esa autorización y se rebajen los caudales ecológicos.

El artículo 20.3 del Plan, señala la demanda presentada ante el Supremo, "incluye una previsión que no se exige en ninguno de los restantes planes de cuenca que contiene este real decreto y que afectará (...) únicamente a las transferencias hídricas que se produzcan desde el embalse de San Juan hasta el de Valmayor, ambos en la Comunidad de Madrid". Es una "una norma de caso único", apunta el gobierno regional. Y más adelante insiste de nuevo en esta idea al decir que las medidas contenidas en otro artículo "pueden adoptarse respecto de cualquier aprovechamiento de recursos hídricos mientras que la autorización cuestionada sólo rige para las movilizaciones desde el embalse de San Juan a Valmayor".

Conocimiento previo del Canal

Esto, según ha recalcado la propia presidenta madrileña esta mañana, "cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid”. Su conclusión es que no es "más que un nuevo ataque" a la Comunidad, algo que ha calificado de "mezquino e inhumano" y que es un paso más del Gobierno de coalición que "ahora pretende que esta región se rinda por sed".

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, defienden no solo la adecuación a la legalidad existente sino que antes de su aprobación final el pasado mes de enero, el actual Plan Hidrológico del Tajo recibió el visto bueno de los organismos en los que la Comunidad de Madrid está representada, como el Comité de Autoridades Competentes, el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo y el Consejo Nacional del Agua. Además, señala en contra de lo que apuntan desde la Puerta del Sol, que las observaciones que presentó el Canal de Isabel II "fueron consideradas".