García Ortiz enfrenta en el Consejo Fiscal y el Congreso las críticas por su falta de respuesta ante el lawfare

El fiscal general del Estado aún en funciones, Álvaro García Ortiz, enfrenta esta semana un doble examen antes de su toma de posesión tras ser reelegido para el cargo. Este miércoles deberá responder al requerimiento de la Carrera para que realice un reconocimiento expreso de la actuación de los fiscales del procés ante las acusaciones de lawfare por parte de los socios independentistas catalanes del Gobierno, a lo que se sumará un día después su comparecencia en el Congreso tras ser calificado de no idóneo por el órgano de gobierno de los jueces.

En el orden del día del Consejo Fiscal, al que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica, se incluye un punto a propuesta de la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales para que se respalde la actuación de los miembros de la Carrera que participaron en la causa en el Supremo --Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno-- así a todos los fiscales que han intervenido en procedimientos vinculados o derivados del procés independentista en Cataluña.

El punto añade que el reconocimiento debe incidir que todas estas actuaciones fueron realizadas "sin excepción, conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política".

Este mismo martes, a pocas horas de la celebración del Consejo, un total de veintiún fiscales de Sala y de la Sección Penal del Tribunal Supremo han reforzado la solicitud mediante una carta en la que piden a García Ortiz que adopte "sin más dilación" las "medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales" de los "ataques" a jueces propinados por Junts.

A su juicio, dichas acusaciones "no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados, sino que además son absolutamente "incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".

El único vocal de la Asociación Independiente en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, pretende que la discusión incluya la polvareda levantada tras la reciente intervención en el Congreso de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, señalando a jueces del Tribunal Supremo con nombres y apellidos.

Oportunidad perdida

A juicio de Viada, las palabras de Nogueras "atacando de manera directa y ofensiva a diversos magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional" no debería quedar sin respuesta del Consejo Fiscal ni del fiscal general, quien hasta ahora no se ha referido al asunto de forma expresa en ninguna de sus intervenciones públicas.

Este lunes, varios fiscales asistentes a la entrega de despachos a los cien nuevos miembros de la Carrera lamentaban que tampoco lo hubiera hecho aprovechando este foro, y auguraban que no esperan un pronunciamiento al respecto de García Ortiz hasta que su toma de posesión como fiscal general sea efectiva en los próximos días o semanas. "Lo de hoy ha sido otra oportunidad perdida", comentaban en los corrillos tras celebrarse el acto.

Sí lo hizo Bolaños, que presidió la entrega de despachosy manifestó con contundencia ante los nuevos fiscales que "el Gobierno de España va a defender siempre la independencia e integridad de todos los protagonistas de la acción de la Justicia, venga de donde venga.". Añadió que "este Gobierno defenderá siempre a los jueces, magistrados y fiscales, porque ello es defender también el Estado de Derecho y el buen nombre de la justicia".

El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts y sus referencias a un supuesto lawfare, así como la creación de comisiones parlamentarias que puedan examinar y, en su caso, delimitar responsabilidades de jueces y fiscales merecen respuesta concreta del Consejo Fiscal, a juicio del vocal Viada. En fuentes de la Fiscalía General se señala que este punto no puede ser añadido expresamente al orden del día, puesto que para ello debería haberse propuesto al menos ocho días antes de la celebración de la reunión, para dar tiempo al resto de vocales de estudiarlo.

Comparecencia en el Congreso

Cualquiera que sea la respuesta que de mañana el Consejo Fiscal a estas propuestas, García Ortiz se enfrentará el próximo jueves a una Comisión de Justicia en la que previsiblemente recibirá duras críticas por parte de los diputados de los partidos en la oposición. En el orden del día, esta comparecencia se enmarca oficialmente en la remisión al Parlamento del informe emitido el pasado 1 de diciembre por el Consejo General del Poder Judicial, que calificó de no idónea la elección del Gobierno para mantenerle en el cargo.

Se trató de la primera vez en democracia que este órgano constitucional informaba de forma desfavorable el nombramiento de un fiscal general del Estado, y lo hizo en un demoledor informe de doce páginas que suscribieron ocho vocales pertenecientes a su sector más conservador.

"No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento", llegan a afirmar. Una minoría de seis vocales, entre los que se incluyó el presidente suplente, Vicente Guilarte, consideran, por el contrario, que sus compañeros de la mayoría se excedieron, ya que su actuación debió limitarse a comprobar que García Ortiz cumple con los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio profesional.