El número dos de Fernández Díaz pide que se impute a Podemos por basar su querella en chats cuya difusión puede ser delito

La defensa del que fuera número dos de Interior Francisco Martínez ha recurrido ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la admisión de la querella presentada contra él y varios ex cargos policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy por Podemos, que le acusa de ordenar investigaciones irregulares contra la formación. Pide además que se deduzca testimonio contra el partido morado y sus abogados por basar esta querella en chats cuya difusión está siendo investigada por ser presuntamente delictiva.

En su recurso, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el equipo de abogados liderado por Juan Antonio Frago y Verónica Suárez apunta a que el contenido de la querella se basa en los mensajes de 23 conversaciones por WhatsApp que Martínez intercambió con investigados en la trama Kitchen -el caso por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas por el que será próximamente juzgado- y con otras personas, entre ellas el expresidente Rajoy y varios periodistas.

Su defensa recuerda que, en la querella de Podemos, el contenido de los citados mensajes se incorpora de forma íntegra y en el mismo formato en el que fueron publicados en relación con la investigación de Kitchen que instruyó otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien posteriormente suspendió el acceso a los mismos y los expurgó de la causa el pasado mes de julio.

Esta decisión devino en firme meses antes de la formulación de la nueva querella contra Francisco Martínez ahora admitida por el juez Pedraz, por lo que su defensa considera que era perfectamente conocida por Podemos.

Por esta razón solicitan a Pedraz que, además de sobreseer la querella, debería deducirse testimonio contra el partido liderado por Ione Belarra "por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro de revelación de secretos oficiales" y mandar el asunto a reparto contra "los letrados, procuradora y el partido político querellante".

“En esos chats íntegros se contienen juicios de valor y opiniones personales sobre multitud de temas independientes y desconectados de la causa que se sigue, por lo que carecen de toda trascendencia. Además, buena parte de ella podría ser tributaria de la protección otorgada por la normativa relativa a secretos oficiales, a la vista de su contenido”, agrega el recurso recordando la decisión de García Castellón.

Mala fe procesal

Además, se da la circunstancia de que el propio García Castellón acordó el pasado 14 de febrero remitir el asunto de la revelación de estos chats a los juzgados ordinarios, una decisión que fue recurrida y está pendiente de que la Sala de lo Penal resuelva en apelación por una cuestión de competencia. Se solicita a Pedraz que pida testimonio a su compañero del Juzgado Central de Instrucción número 6 de todos estos extremos y, de archivarse esta última querella, pide que se impongan a Podemos las costas por mala fe procesal.

Esta nueva querella contra Martínez -sentado en el banquillo por Kitchen y también imputado en la denominada Kitchen dos, por presiones al que fuera abogado de Bárcenas Javier Gómez de Liaño- se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También le imputan los morados malversación y un delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desecha estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales. El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.