La normativa vigente en España incluye toda una serie de medidas establecidas en la ley del 2005 que ahora se revisa con el objetivo de ajustarla a la realidad cambiante y mejorar su eficacia en el sistema.
En cuanto a las presumibles acciones que se realizan de forma fraudulenta en el sector inmobiliario, la medidas se dirigen a mejorar la obtención de información, de manera que sea posible un seguimiento de las transmisiones y del empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles, previéndose, entre otros extremos, la obligatoriedad de la consignación del NIF y de los medios de pago en las escrituras públicas. También se exige la consignación de la referencia catastral en los contratos de suministros de energía eléctrica. En materia de paraísos fiscales y territorios de nula tributación se adoptan soluciones técnicas para combatir de una manera más eficaz las operaciones que se realizan desde estos territorios.
En relación con las tramas organizadas de fraude en el IVA, establece un supuesto de responsabilidad subsidiaria para quien adquiera mercancías procedentes de estas redes.
En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se ha introducido un visado previo a la matriculación de vehículos usados.
