La Generalitat formalizó este viernes el último intento de las administraciones públicas por regular los contratos que se producen en el campo y evitar los «abusos» y los llamados pactos a resultas, es decir, aquellos en los que el comprador del producto lo adquiere sin garantizar un precio al productor. La propia normativa reconoce que este problema afecta especialmente al sector citrícola.
Una de las principales novedades de la normativa es la creación de un registro de los acuerdos, lo que pretende garantizar que estos se hagan por escrito. Según se puede leer en el preámbulo de la ley, este ente «también tendrá como objeto aportar al sector una mayor transparencia e información de los precios», pues estos se publicarán de forma diaria y los agricultores podrán saber los valores a los que se cierran los tratos de su misma mercancía.
LIMITAR LOS TRATOS
El prefacio del texto legal llama la atención porque no se limita al habitual vocabulario aséptico propio de la administración y reconoce el fracaso de los otros intentos institucionales por limitar los tratos a resultas. «Las evidencias del mundo del campo nos vuelven a decir que, pese a la publicación de la (anterior ) ley, los abusos se continúan dando cuando hablamos de compraventa», se apunta, para señalar que no se ha podido evitar que la parte compradora «presione con los precios, que pueden llegar a estar por debajo del coste de producción».
Precisamente porqué tanto desde la Generalitat como desde el Gobierno central ya se ha tratado de limitar esta cuestión en otras ocasiones sin demasiado éxito, las organizaciones agrarias recibieron el cambio normativo con optimismo, pero sin lanzar las campanas al vuelo. El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, celebró la creación del registro, aunque pidió a la Generalitat que vaya más allá y dote de presupuesto suficiente a este organismo para que su vigilancia sea «efectiva». Por su parte, desde Fepac-Asaja pidieron tiempo para analizar la ley con más detenimiento.
La normativa también establece la obligatoriedad de que en los contratos aparezca la fecha de la recolección para evitar que la cosecha «quede un tiempo excesivo en la planta y produzca mayores costes a la parte productora.
La reforma llega tras una campaña en la que los tratos a resultas han ido a más y los agricultores han denunciado el aumento de los acuerdos que no llegaban a cubrir los costes de producción, con algunos incluso por debajo de los diez céntimos.
