Sin abrir las puertas, cerradas desde hace 11 años, cualquier vecino de Castellón puede asomarse al interior de uno de los edicios más emblemáticos de la ciudad para ver, por los cristales rotos de algunas ventanas de la planta baja, el estado de algunas estancias de los antiguos juzgados de la plaza Borrull.
Mediterráneo así lo hizo y cámara en mano, a pie de calle, captó las escaleras del hall principal, apuntaladas, una habitación llena de muebles de oficina amontonados en un rincón y otros cuartos vacíos. Es el resultado de 11 años de inactividad, de más de una década sin uso. Sin embargo, la cuenta atrás para poner fin a este estado de abandono del que fuera el Palacio de Justicia de la capital hasta el año 2006, ya está en marcha. En pocos días, se baraja el 29 de mayo -aunque la fecha podría variar- la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón firmarán el convenio por el que la administración autonómica transferirá la propiedad del inmueble al Ayuntamiento, que asumirá la obra para revitalizarlo, valorada en unos 12 millones, como ya avanzó este periódico.
Tras la firma del convenio que recogerá el protocolo de intenciones de ambas administraciones, el siguiente paso será la redacción del proyecto técnico y arquitectónico, previo al inicio de las obras, para las que el Ayuntamiento de Castellón está buscando la mejor fórmula de financiación. Es una obra de mucha envergadura, por lo que desde las entidades implicadas no avanzan fechas ni de inicio de rehabilitación ni menos de apertura.
DE JUZGADOS A SEDE SOCIAL
A falta de concretar el uso integral de los 11.000 metros cuadrados del edificio -que se distribuirán en un 75% para el consistorio y un 25% para el Consell, aproximadamente- el grueso del espacio se destinará a albergar los servicios, municipales y autonómicos, de bienestar social, igualdad y políticas inclusivas.
