Si la población extranjera en general ha caído en unas 20.000 personas en la provincia desde el inicio de la crisis, hasta las 83.000, como informó Mediterráneo, los parados foráneos que cobran alguna prestación o subsidio por desempleo en Castellón han bajado a la mitad en los últimos cinco años. Su vinculación con sectores con más precariedad laboral y la participación en la economía sumergida son algunas causas.

Las estadísticas del Ministerio de Empleo revelan que al cierre de junio de este año 5.090 ciudadanos de nacionalidad no española perciben algún dinero mensual por encontrarse en el paro, una cifra que se ha reducido en casi un 10% en el último año, pero que supone el 51,6% menos que en el mismo mes del 2011.

El agotamiento progresivo del derecho a recibir prestaciones es común a todos los parados castellonenses a medida que han transcurrido los años sin trabajar. Sin embargo, la media de descenso del total de quienes tienen cobertura, una cifra de 25.741 (de un conjunto de inscritos en el paro de 45.968) es sensiblemente menor, del 37% en un lustro.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, del total de 162.631 castellonenses dados de alta en el régimen general al acabar el mes de junio de este año, 26.069 son residentes extranjeros, una cifra que ha crecido en 1.053 en los últimos doce meses.

A la hora de valorar por qué se reduce de forma tan drástica la presencia de este colectivo entre quienes cobran prestaciones o subsidios por desempleo, el secretario general del sindicato CCOO en Castellón, Manel Nieto, explica que “los trabajadores de otras nacionalidades se han integrado sobre todo en sectores en los que la precariedad laboral es mayor, como en la hostelería, la agricultura y en la atención a mayores”.

Añade que son, además, estas actividades, especialmente el cuidado de dependientes, en las que hay más empleo sin contrato, o “contratos por tres horas cuando luego se trabajan doce”. Nieto puntualiza que “la culpa no es de los trabajadores, que necesitan ganarse la vida, aunque sea en pésimas condiciones, sino de quien les contrata ilegalmente”. H