Puig: «Una financiación justa supondría 47.000 empleos más al año»

--Se cumplen tres años de legislatura, a solo uno ya de las elecciones autonómicas y locales. ¿Qué valoración hace de las políticas del Consell para Castellón?

-Nos marcamos una hoja de ruta consistente en levantar las hipotecas que nos dejaron 20 años de gobiernos del PP. Reparar derechos, reconstruir nuestra economía y favorecer un renacimiento de la Comunitat. En solo tres años se ha consolidado un marco económico y social de estabilidad, honradez y diálogo. Ahora, todos los indicadores económicos y sociales son mejores que los que nos encontramos. Queda mucho por hacer, pero los valencianos miramos al futuro con esperanza. Y ese plan de futuro está siendo impulsado con más fuerza que en cualquier otro lugar en Castellón. Es el territorio donde las exportaciones han crecido más de tres puntos por encima de la media valenciana, o la provincia de la Comunitat donde más ha crecido la ocupación, pese a que aún hay más de 40.000 desocupados por los que debemos seguir trabajando... Hemos activado foros de participación como la Mesa de la Cerámica y junto al Ayuntamiento de Castellón hemos sido capaces de poner en marcha la rehabilitación del antiguo palacio de Justicia de la Plaza Juez Borrull.

--¿Y qué es lo que queda por hacer, de aquí a mayo del 2019?

-El principal reto es el empleo. Hoy hay más de 25.000 personas más trabajando en Castellón que antes de comenzar la legislatura, pero el objetivo es que todas aquellas personas que quieran puedan encontrar un empleo. Y aunque aquí han crecido los salarios un 2,6% mientras en el conjunto de España están estancados, aún nos queda mucho para superar la temporalidad y la precariedad del empleo actual.

--Proyectos y servicios dependen en parte del cambio de modelo de financiación, ¿qué queda por intentar para lograr un sistema justo para la Comunitat?

-Con una financiación justa y con la inversión estatal que nos corresponde, en la Comunitat dispondríamos de 2.500 millones de euros adicionales, lo que supondría 47.000 empleos más al año. Hablar de financiación es hablar de empleo y de servicios públicos. Eso es lo que está en juego y quien tiene que hacer los deberes es el Gobierno central. Con humildad creo que desde la Generalitat hemos hecho nuestros deberes: de una parte visualizar el problema valenciano más allá de esta Comunitat y de otra concitar el consenso de la sociedad valenciana en la necesidad de una financiación justa.

--¿Qué medidas va a adoptar para paliar los efectos del alza de costes energéticos en el azulejo?

--El sector azulejero emplea sobre todo gas y electricidad. La electricidad la suele producir mediante cogeneración, que empieza a ser obsoleta, y con el precio del gas, y sin primas o ayudas para rejuvenecerlas, no salen las cuentas. Por eso desde la Generalitat se está apoyando al sector con la repotenciación de redes de distribución eléctrica, propuesta que hemos incluido en el informe del plan de inversión anual 2019 y trienal 2019-2021 de Iberdrola. También con ayudas de ahorro y eficiencia energética y reivindicando al Gobierno central la creación de un plan Renove de instalaciones de cogeneración y residuos, como está previsto en la propia ley del Sector Eléctrico.

--La Mesa de la Cerámica fijó entre sus prioridades adaptar la FP a la industria, eliminar trabas burocráticas y minimizar los efectos de las tasas. ¿Se ha avanzado?

-La Mesa de la Cerámica es un claro ejemplo de nuestra voluntad de cogobernar desde el diálogo con los agentes sociales. Se trabaja en cada uno de los planteamientos que se propusieron. Respecto a la FP se han sumado ya los ciclos de Química y Robótica Industrial a los nuevos grados, por citar los que tienen más incidencia en el sector. Pero quiero destacar que todos los nuevos ciclos que se implantan son fruto del consenso con el tejido productivo de cada territorio.

--La despoblación preocupa a todas las administraciones. ¿Qué medidas ha tomado el Consell para frenar este fenómeno?

- El 85% de los habitantes de la Comunitat se concentran en el 15% del territorio, eso genera una situación de desequilibrio territorial que perjudica no solo a las comarcas afectadas sino al conjunto de la Comunitat. Por eso hemos puesto en marcha la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) que, desde una perspectiva transversal, pretende implementar políticas para luchar contra la despoblación. Ya se han dado pasos como crear las unidades de prevención de riesgos en una acción conjunta del Servef y la Agencia de Respuesta a las Emergencias, el Consell garantiza desde este mismo curso que no se cierre ninguna unidad escolar rural y el nuevo mapa concesional de líneas de transporte público asegura a los municipios de interior, con independencia del número de habitantes, una comunicación directa y fluida con sus centros de referencia administrativos, hospitalarios o educacionales.

--Consell y Diputación van de la mano en el tema de la despoblación, pero además se ha venido apoyando en las diputaciones para fomentar políticas de su gobierno. Xarxa Llibres, planes de empleo, turismo, brigadas forestales, plan de inversiones en colegios… son algunos ejemplos. Sin embargo, usted y su partido eran partidarios de eliminar las diputaciones.

-Somos partidarios de repensar el modelo territorial y las diputaciones creo que son instituciones a revisar, porque con la existencia de las autonomías su papel podría realizarse desde estas. Pero hay una cosa fuera de toda duda, si existen las instituciones hay que hacerlas funcionar de la mejor forma posible. A la ciudadanía lo que le interesa no es qué institución hace las cosas, sino que se hagan de forma eficaz y eficiente. Para eso hay que colaborar y nosotros lo venimos haciendo desde la máxima lealtad.

--Esta semana ha participado en un desayuno de la Societat d’Estudis Econòmics en la patronal catalana Foment del Treball. ¿Cómo valora la situación actual de Cataluña y cómo cree que afecta a la Comunitat?

-Es una crisis política que hay que resolver desde la política. Hay que actuar con diálogo, con altura de miras, y por supuesto siempre con respeto absoluto a la legalidad. Como usted apunta esta misma semana he participado en Barcelona en un acto con la patronal Foment del Treball para explicar el momento valenciano. Soy el primer presidente autonómico que ha viajado a Cataluña en este contexto, porque a la Comunitat, como al resto de España, le irá mejor si se supera la confrontación. Mientras tanto, no es una situación que deseemos pero si la inestabilidad propicia oportunidades, como la llegada de grandes grupos empresariales, ofrecemos las condiciones de seguridad jurídica para que vengan, como ya ocurre.

--La educación ha sido uno de los puntos que ha generado y genera más polémica al Consell. ¿Cómo valora la gestión del conseller Vicent Marzà?

-El balance de la gestión es positivo. Distintas medidas, como por ejemplo, el programa Xarxa Llibres, la apertura de los comedores escolares desde septiembre hasta junio, más becas de transporte y comedor, aumentar las becas universitarias y reducir un 15% las tasas para que nadie abandone sus estudios por motivos económicos, la gratuidad de las aulas de 2 años tanto en colegios públicos como en las 248 escoletas infantiles de la Comunitat, la formación del profesorado en idiomas para 1.600 docentes con una estancia en el Reino Unido de un mes y la incorporación de auxiliares de inglés a nuestros centros o que hoy haya aumentado en más 4.500 el número de profesores en nuestros centros y en 1.500 las unidades públicas. Solo se está aplicando un criterio que es mejorar la calidad educativa y que nuestros niños y niñas sean capaces de hablar bien castellano, valenciano e inglés. Otros quieren hacer de la educación una trinchera política. Yo les animo a pasar de la polémica a una actitud constructiva.

--¿Le preocupa la amenaza de Isabel Bonig de ir al Constitucional por la ley de plurilingüismo si el nuevo Gobierno cierra la comisión bilateral?

--Es muy paradójico el caso del plurilingüismo, donde Ciudadanos y el PP critican el modelo valenciano y a la vez proponen en el Parlamento de Cataluña una ley con el mismo sistema.

--En la UJI se reclaman más fondos para acabar la segunda fase de Ciencias de la Salud.

-A esta facultad, en el 2016 y 2017 la Conselleria ha destinado 17,75 millones de euros y está previsto un convenio para financiar la titulación que ascenderá a casi un millón de euros. El Consell va a facilitar la contratación de profesor vinculado para consolidar esta facultad y a apoyar la finalización del edificio.

--¿Cuándo veremos los frutos del Plan Edificant? Acabará la legislatura sin eliminar barracones.

-En los centros educativos encontramos una situación de excepción. Por eso impulsamos Edificant, que supondrá una inversión de 700 millones de euros para agilizar su construcción y reforma. Hasta la fecha 33 municipios de Castellón se han sumado al plan de los que 27 proyectos tienen ya la memoria valorada.

Algunos centros adolecían de un mantenimiento acumulado de años de inacción y otros, con una construcción de 10 años o menos, ya presentan signos para tener que repararlos. En otros casos, como el Regina Violant de Almassora, se debe a problemas con la empresa adjudicataria. Por eso hemos tenido que seguir con los barracones que existían y que vamos eliminando en estos tres cursos. De hecho, esta misma semana hemos anunciado que en 2019 ya no quedarán colegios enteros en barracones.

--La Conselleria que dirige su vicepresidenta, Mónica Oltra, tiene encima de la mesa varios puntos calientes como la gestión de la dependencia, problemas en centros de menores y falta de transparencia en la renta de inclusión. ¿Habrá margen suficiente para resolver esto a corto plazo?

-En la Comunitat Valenciana había una urgencia por reparar derechos y el trabajo para superar el caos en la dependencia heredado del PP va dando sus frutos. En julio de 2015 el número de las solicitudes por resolver superaba al de los beneficiarios. Hoy son más de 66.000 beneficiarios, mientras que la lista de espera se ha reducido a algo más de 21.000. Los centros de menores son otro ejemplo de la dejadez del PP en políticas sociales. Solo un dato: en el último año, se han realizado 18 inspecciones, frente a las seis que se hicieron entre 2012 y 2015. Por último, la nueva renta de inclusión que ha entrado en vigor garantizará que todas las personas puedan cubrir necesidades básicas para tener una vida digna. Está arrancando y cuando lleve un tiempo de implementación podremos hacer una valoración global que seguro será muy positivo.

--Los casos de corrupción vinculados con el PP han dado una nueva vuelta de tuerca con la detención de Zaplana. Usted se propuso lavar la imagen de la Comunitat. ¿Es posible?

-A nadie se le escapa que cada nuevo escándalo protagonizado por exdirigentes del PP es un palo más en la rueda para poder superar la hipoteca reputacional de esta tierra. Pero sería mucho más nociva la impunidad. Afortunadamente existe un cambio de paradigma muy sólido y esos casos pertenecen al pasado. Ahora los valencianos y valencianas sabemos donde vamos y donde no queremos volver.

--Por el contrario, no cesa tampoco el goteo de imputaciones en relación con la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc. ¿Qué consecuencias tiene este proceso para su Gobierno? ¿Les pasará factura en las elecciones?

-Ninguna sospecha afecta al Gobierno actual. Los socialistas somos tremendamente respetuosos con la justicia, pero lo que de momento ha dicho ya esa justicia es que no hay ninguna trama. Permítame, además, explicarle que el relato que ha construido el PPCV es falso cuando se refieren a una empresa de cabecera del PSPV. Esta empresa ha contratado por mucho más con ayuntamientos del PP o en instituciones entonces gestionadas por los populares como RTVV, que con el PSPV, con lo cual, no hay caso, ni trama. Hemos dado la cara desde el primer momento y si hubiera cualquier responsabilidad política se depuraría como hemos hecho siempre.

--¿Forzará dimisiones en su entorno de confianza si se concretan las acciones judiciales en procesamientos?

-Por supuesto. Si se demuestra no tenga ninguna duda. Dejemos que la justicia avance y obraremos en consecuencia, que nadie lo dude. Ya lo hemos hecho en Alicante pagando un alto coste político como ha sido la pérdida de la alcaldía por una irregularidad administrativa pese a que no había ni siquiera sombra de corrupción. Nuestro listón ético es mucho más alto que el del PP.

--¿Y cómo cree que interferirán los casos de corrupción en las tendencias del voto teniendo en cuenta el ascenso que dan los sondeos a Ciudadanos?

-Aún falta mucho para eso. Las encuestas son solo eso, una foto fija en un momento en que la realidad de Cataluña concentra casi todos los focos. Presentaremos ante los ciudadanos estos cuatro años de gestión y aspiramos a recibir su confianza para seguir con este proyecto de cambio y progreso en la Comunitat Valenciana.

--Desde la premisa de que, como ha dicho, volverá a ser candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, ¿le gustaría volver a presentarse por Castellón?

-Aun no lo he decidido pero en cualquier caso, siempre ha sido un honor y una enorme responsabilidad representar a los ciudadanos de Castellón. Es la primera vez que un candidato ha sido presidente desde Castellón, es una pequeña contribución para superar las visiones uniformizadoras también en la Comunitat.

--El aeropuerto ha perdido fuelle. ¿Le preocupa la pérdida de vuelos y de pasajeros? ¿Cómo lo van a contrarrestar?

-La situación que encontramos no era fácil, pero la actitud ha sido siempre constructiva para que se convierta en un aeropuerto útil para todos. Hemos saneado las cuentas de Aerocas y ahora todos los esfuerzos están centrados en consolidar el tráfico existente y volver a la senda del crecimiento a través de la captación de nuevas rutas regulares y operativas chárter. Vamos a poner en marcha una línea de márketing dirigida a aerolíneas y turoperadores para incentivar la apertura de conexiones regulares y operaciones de tipo chárter. Con este mismo objetivo, se va a constituir un comité de rutas, en coordinación con el sector empresarial. Y es un objetivo estratégico el desarrollo de un importante polo logístico y empresarial en torno al aeropuerto.

--À Punt iniciará sus emisiones el 10 de junio. ¿Es la televisión que usted hubiese querido?

-No se trata de lo que quiera un president. Esos tiempos ya han pasado en la Comunitat. Llevamos demasiado tiempo siendo la única Comunitat con lengua propia sin tener una radio televisión pública porque el PP la quebró y la cerró. Y ha costado ponerla en marcha porque, entre otras cosas, es más difícil reconstruir que construir. Pero ya está aquí la nueva À Punt desgubernamentalizada para potenciar el ecosistema informativo de la Comunitat y recuperar el sector audiovisual valenciano. Y, sobre todo, para hacer más sólida nuestra calidad democrática.