La solución a los problemas de la urbanización Cap Blanc de Peñíscola, paralizada desde hace casi una década, podría estar más cerca tras despejarse el panorama judicial. El pleno del Ayuntamiento hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que se da la razón a los intereses del consistorio ante su postura de no devolver los avales para finalizar los trabajos.

La agrupación de interés urbanístico del proyecto ya vio denegadas sus pretensiones hace cuatro años en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castellón, que ahora se ratifica. El concejal de Urbanismo, Romualdo Forner, menciona que en el 2010, «ante la situación de parálisis, se decidió resolver el contrato y gestionarlo de forma directa desde el consistorio», pero han «estado a la espera de la respuesta de los tribunales» y ahora han «encargado un estudio a los servicios técnicos para saber los pasos a seguir», argumente.

DICTAMEN / El edil relata que este PAI «es una de las principales dificultades» que tienen en su área, pero han tenido «que ser diligentes y seguir los pasos necesarios en cada momento». «Por ello, tuvimos que pedir un dictamen al Consell Jurídic Consultiu», matiza. En la actualidad, hay algunos vecinos que residen en la zona, situada en la parte sur del municipio, pero los viales no están asfaltados y existen serios daños en la instalación eléctrica, a pesar de que el grado de ejecución de las dotaciones estaba avanzado en el momento de pararse.

Una vez conocidas las últimas determinaciones judiciales, el documento encargado por el concejal «tendrá que analizar el estado en el que se encuentra el desarrollo, hacer cuentas y trazar una hoja de ruta para acabarlo». Será en ese momento cuando se pueda actuar sobre los avales.