El abogado valenciano José María Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa de València Rita Barberá, fue detenido ayer por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por haber cobrado, supuestamente, mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública tras reclasificaciones y recalificaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de València, en la época de gestión del PP.

Según fuentes próximas a la investigación, la operación de la Fiscalía Anticorrupción, declarada secreta y que consta de otras detenciones y registros aún sin finalizar, coordinadas por el Juzgado de Instrucción nº 13 de València -como informó el TSJCV-, se centra en el supuesto pago de estas comisiones. Las hijas del abogado detenido también están siendo investigadas. Los agentes registraron, al menos, la vivienda del propio abogado y otra decena de empresas que están implicadas en esta presunta trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública y en la que Corbín, según las fuentes, ejercía un papel de mediador.

La UCO, que se llevó una maleta y carpetas de la vivienda, analiza ya los recibís de facturas de empresarios que habrían participado en el pago de estas mordidas a Corbín e investigan si en la trama hay más implicados. Fuentes de la investigación señalaron que, en el registro, que se demoró toda la mañana, se encontró con más documentación de la prevista.

Corbín ejercía también de abogado de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de València Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de una investigación por blanqueo de capitales y delito electoral.

El delegado del Gobierno en la Comunitat valenciana, Juan Carlos Fulgencio, confirmó que la operación se desplegó a raíz de unas «denuncias que recibió en su momento la Fiscalía Anticorrupción y se ha ordenado a la unidad de crimen organizado de la Guardia Civil que se detenga a varias personas y diversos registros, tanto en algún despacho de abogados como en otras sedes».

REACCIONES // Entre las reacciones políticas, el alcalde de València, Joan Ribó, aseguró que la trama «parece» estar relacionada con una supuesta financiación ilegal de PP, mientras que el portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, dijo que «la detención de Corbín muestra que el sistema instaurado por el PP en la Comunitat era una cleptocracia, diseñada para robar». Fran Ferri, portavoz de Compromís, dijo que «es lamentable que ya no sorprendan los casos de corrupción del PP», mientras que, desde Cs, el portavoz adjunto, Juan Córdoba, pidió que «se esclarezca la implicación del PP». El portavoz de Podem-CV, Antonio Estañ, consideró que «el PP necesita pasar el mayor tiempo posible fuera del poder».