Con la plantilla de las fábricas catalanas de Nissan en pie de guerra tras conocerse la sentencia de muerte dictada por Makoto Uchida, CEO de Nissan, el pasado jueves, el nuevo horizonte de interés que se abre ahora es el de saber cómo se realizará ese cierre, si es que se puede hacer en los plazos previstos (diciembre de 2020) y, sobre todo, qué sucederá con los 20.000 puestos de trabajo afectados y sus familias.
Mientras los trabajadores de Nissan tomaban ayer las calles, en el ámbito político y empresarial empezaba a fraguarse un nuevo debate: el de las subvenciones públicas. En el trasfondo, sin duda, las medidas proteccionistas de gobiernos como el francés con su industria de automóvil.
La crisis del covid-19 provocará que las administraciones miren y mucho, dónde ponen el dinero y en qué condiciones. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, llamó a la nacionalización tras conocerse la noticia del cierre de Nissan. La idea, no obstante, no solo parte de Rufián sino que también fue comentada ayer mismo por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, reconociendo que «las nacionalizaciones son perfectamente posibles en la Constitución Española».
Desde la Generalitat catalana tienen una visión distinta. El vicepresidente, Pere Aragonès, se pronunció ayer en el sentido de buscar una manera diferente de otorgar las ayudas públicas a las empresas, abandonando la vía de la subvención y apostando más por la entrada en el capital para tener más incidencia en las decisiones de las compañías.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, no ha cerrado la puerta a que ayudas directas a empresas en apuros no vayan a vincularse directamente a la toma de participaciones accionariales y derecho de veto a determinadas decisiones en los consejos de administración.
