Empresas y organizaciones agrarias vienen denunciando en los últimos meses la falta de un criterio unificado a la hora de establecer el comercio de productos agrícolas. El sector citrícola español debe realizar fuertes inversiones para vender en países lejanos, mientras que los costes «administrativos y de control para países terceros por el envío de sus producciones a la Unión Europea son cero, porque la Comisión Europea no reclama reciprocidad a las exigencias que sí imponen a los cítricos europeos». Así lo denunció recientemente la Unió de Llauradors.

Sea por medidas de control o por la imposición de estrictos aranceles, la organización cuantifica en nueve céntimos el coste añadido que supone la venta en Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur o Australia. España destinó, el pasado año, más de cinco millones de euros a este concepto, de los que la mayoría corresponden a China. «Hay un agravio comparativo más, que rompe el equilibrio de las reglas del juego citrícola», valoraron en la Unió.

Una queja parecida es la referida a los cambios en las autorizaciones de productos fitosanitarios. A partir de la primavera no podrá hacerse uso de materias con el clorpirifós como principio activo para la lucha de plagas como el cotonet. En cambio, la importación de terceros países solo observarán esta medida a partir del próximo otoño. Las razones de la Unión Europea para este veto radican en los efectos neurotóxicos que puede derivar su uso entre la población. Pero los productos sustitutivos existentes en el mercado tienen menor efectividad, e implican mayores gastos, que o bien repercutirán en el propio agricultor o en el precio a pagar en las estanterías de las tiendas.