La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzgó ayer a un hombre, R.I.C., acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, para el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de prisión por almacenar excrementos de pollo sin tener la pertinente licencia para su tratamiento y gestión.
Según la fiscal, el acusado poseía una empresa de transporte de mercancías y comercialización de productos agrícolas, y desde abril del 2011 ejercía su actividad en una finca de Vall d’Alba en la que había establecido una planta de tratamiento y depósito de residuos de origen animal.
La Guardia Civil y agentes medioambientales constataron que almacenaba materia orgánica animal, purines y gallinaza sin contar con la infraestructura adecuada. “Había zonas encharcadas, sin impermeabilización y con mosquitos”, relataron.
R.I.C. reconoció los hechos y aseguró haber pedido las licencias. “Por moral no puedo decir a la gente con la que tengo contrato que lo dejo de un día para otro”, explicó al tribunal. H
